Estado

Proponen hasta 12 años de cárcel por suplantación con IA en Puebla

Pilar Bravo  FECHA:  20 noviembre, 2026

Puebla, Pue. — El diputado Mauricio Céspedes Peregrina presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Puebla con el objetivo de sancionar a quien emplee sistemas de Inteligencia Artificial (IA) para simular o alterar rasgos gráficos, físicos o vocales de una persona con fines de lucro o beneficio indebido.

De acuerdo con la propuesta del legislador, esta conducta se considerará usurpación de identidad, delito que se castiga con una pena de seis a ocho años de prisión y una multa de mil a dos mil Unidades de Medida y Actualización (UMA).

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Asimismo, el documento plantea que la sanción aumentará en una mitad —alcanzando hasta 12 años de cárcel— cuando la persona responsable se valga de la homonimia o el parecido físico, o bien, cuando utilice tecnologías de la información y la comunicación, redes sociales, correo electrónico, espacios digitales o sistemas de Inteligencia Artificial para crear dichas simulaciones o alteraciones con el objeto de obtener un lucro o cualquier beneficio.

Mauricio Céspedes indicó que, con esta modificación, se dotará al Ministerio Público y al Poder Judicial del Estado de Puebla de las herramientas legales precisas para investigar, perseguir y castigar estas conductas con firmeza.

Diputado Mauricio Céspedes Peregrina

Proponen frenar el espionaje digital y proteger a periodistas

Por su parte, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, con la finalidad de incorporar a la legislación estatal un marco específico de prevención y control del uso de tecnologías de vigilancia y extracción de información digital.

Según lo expuesto por la legisladora, la reforma pretende establecer expresamente la prohibición de utilizar tecnologías de vigilancia con fines de persecución política, intimidación o represalia. De igual forma, busca proteger de manera especial a periodistas, comunicadores, personas defensoras de derechos humanos y actores políticos frente a la vigilancia motivada por el ejercicio legítimo de sus actividades.





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