Colombia aplicará la eutanasia a hipopótamos de Pablo Escobar
Redacción
El Gobierno de Colombia aprobó la eutanasia controlada de parte de la población de hipopótamos que descienden de los cuatro ejemplares importados ilegalmente por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980. La medida, anunciada por el Ministerio de Ambiente, busca frenar el crecimiento acelerado de esta especie exótica invasora, cuya población actual se estima en al menos 169 individuos en el Magdalena Medio.
Impacto ambiental y riesgo para comunidades
Los hipopótamos se expandieron sin control tras la caída del cartel de Medellín. En ausencia de depredadores y con ecosistemas vulnerables, la especie se reprodujo rápidamente, afectando:
- Humedales y ríos del Magdalena Medio
- Fauna nativa como manatíes, nutrias y chigüiros
- Calidad del agua y suelos
- Seguridad de comunidades rurales, debido a ataques y desplazamientos
Estudios oficiales advierten que, sin intervención, la población podría superar los 500 ejemplares en 2030, agravando el daño ecológico.
Años de debate y alternativas insuficientes
Durante más de una década se evaluaron opciones como esterilización, reubicación internacional y confinamiento, pero ninguna logró resultados significativos. La esterilización es costosa y lenta; ningún país aceptó recibir a los animales; y el traslado implica riesgos sanitarios y logísticos.
Ante este escenario, el Gobierno concluyó que la eutanasia es necesaria para evitar un daño irreversible a los ecosistemas.
Cómo se aplicará la eutanasia
El protocolo aprobado contempla dos métodos bajo estándares de bienestar animal:
- Eutanasia química, mediante sedación y aplicación de fármacos autorizados
- Eutanasia física, realizada por tiradores certificados
La primera fase se aplicará a al menos 80 ejemplares en zonas críticas como la Hacienda Nápoles y la Isla del Silencio.
Reacciones y controversia
La decisión divide opiniones.
Científicos y autoridades ambientales la consideran indispensable para proteger la biodiversidad. Organizaciones animalistas la califican como una medida extrema y exigen alternativas no letales.
El Gobierno sostiene que la prioridad es proteger la biodiversidad, la salud pública y la seguridad de las comunidades del Magdalena Medio.
