En Puebla, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas derivó en una jornada que expone, otra vez, la tensión entre el derecho a la protesta y los límites de la violencia en el espacio público. La marcha, convocada por el colectivo Morras Sororas Histéricas e Históricas, comenzó con consignas legítimas: exigir justicia ante un drama nacional que acumula más de 130 mil personas desaparecidas según cifras oficiales. Sin embargo, terminó en confrontación.
Un grupo de manifestantes encapuchadas utilizó mazos y pintura roja para dañar la fuente de San Miguel, en el corazón del zócalo poblano. El acto, interpretado como un gesto de iconoclasia, provocó un connato de bronca y la detención de tres mujeres. El gobierno estatal reaccionó aclarando que las detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República y subrayó que se respetarán sus derechos humanos.
Aquí hay un dilema evidente. El reclamo es justo: las desapariciones forzadas constituyen quizá la mayor herida abierta del México contemporáneo. Pero, ¿hasta dónde es válido dañar el patrimonio histórico en nombre de una causa social? El Estado, por su parte, insiste en privilegiar el diálogo, aunque la línea entre garantizar libertades y contener desmanes se vuelve cada vez más delgada.
El gobierno del Estado respeta la libre protesta y la expresión de las ideas.
Las mujeres detenidas en el marco de la manifestación del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas están a disposición de la @FGRMexico, y no de la @FiscaliaPuebla.
El Gobierno… pic.twitter.com/3tHr9CFo1g
— Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) August 31, 2025
