Sinaloa vuelve a ser escenario de una confrontación directa entre las fuerzas federales y el crimen organizado. En dos operativos realizados el 23 de octubre en Culiacán y Navolato, autoridades detuvieron a 18 personas, decomisaron un amplio arsenal, equipo táctico y más de 13 mil litros de sustancias químicas utilizadas para la producción de drogas sintéticas. Los hechos confirman, una vez más, que la estrategia de seguridad en el estado enfrenta una realidad más compleja de lo que muestran los informes oficiales.
Culiacán: fuego cruzado y un laboratorio desmantelado
El primer operativo tuvo lugar en el fraccionamiento Residencial Roma, al noroeste de Culiacán. Agentes de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaban labores de patrullaje e inteligencia cuando fueron agredidos a balazos por un grupo armado. Siguiendo los protocolos, repelieron la agresión y, tras controlar la situación, lograron la detención de siete personas: seis hombres y una mujer.
Durante la inspección de la zona, los efectivos aseguraron cinco armas largas, 818 cartuchos útiles, 33 cargadores, 11 chalecos tácticos, 22 placas balísticas y un vehículo. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Fuentes de seguridad indicaron que pertenecen a una célula vinculada a la facción de Los Mayos, una de las ramas en disputa del Cártel de Sinaloa.
Minutos después, las fuerzas federales localizaron en esa misma localidad un área de concentración de sustancias químicas empleadas en la fabricación de drogas sintéticas. El hallazgo incluyó 13 mil 850 litros de precursores químicos, cuya incautación representa, según estimaciones oficiales, un golpe económico de 281 millones de pesos para las redes del narcotráfico. El lugar fue clausurado y puesto bajo resguardo del Ministerio Público.
Este operativo coincidió con la visita del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a Culiacán, quien se reunió con el gobernador Rubén Rocha Moya para revisar las estrategias de pacificación. La coincidencia de su presencia con los enfrentamientos de ese día subraya la distancia entre la planeación política y la realidad en las calles de Sinaloa.
Navolato: detención de once hombres con armamento de alto poder
Mientras tanto, en el municipio de Navolato, a menos de 30 kilómetros de Culiacán, otro despliegue conjunto de las fuerzas armadas logró la detención de once hombres a bordo de dos vehículos, uno de ellos con blindaje artesanal, una práctica cada vez más común entre las células delictivas que buscan protegerse durante los enfrentamientos.
Los elementos incautaron dos ametralladoras, siete armas largas, tres pistolas, 21 cargadores, 868 cartuchos útiles, chalecos y cascos tácticos. Todo el material y los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. De acuerdo con reportes de inteligencia, los capturados pertenecerían a Los Chapitos, la facción dirigida por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
La identificación de ambos grupos —Los Mayos y Los Chapitos— entre los detenidos de los dos operativos confirma la pugna interna que ha fracturado al Cártel de Sinaloa. Desde septiembre de 2024, esta confrontación ha dejado más de 1,700 muertos, entre ellos miembros de organizaciones criminales, policías, militares y víctimas civiles.
Una guerra que no cesa
Sinaloa sigue siendo el centro neurálgico de la producción de drogas sintéticas en México, especialmente de fentanilo y metanfetaminas, que se exportan principalmente a Estados Unidos. La rentabilidad de este mercado ilícito ha incrementado la violencia en la región, al punto de convertir a Culiacán en una de las ciudades con mayor percepción de inseguridad del país.
Según datos del INEGI, 88.3 % de los habitantes de Culiacán considera que vivir allí es inseguro. La violencia cotidiana, las balaceras, los retenes improvisados y los enfrentamientos entre fuerzas federales y criminales han modificado la vida urbana. En la práctica, amplias zonas del estado funcionan bajo una autoridad dual: la formal, representada por el Estado, y la de facto, ejercida por los grupos armados.
El gobierno federal mantiene desplegados más de 11,800 elementos de las fuerzas de seguridad en el estado. Sin embargo, el número no parece suficiente para desarticular una estructura criminal que opera con disciplina militar, amplio financiamiento y control social en varias comunidades.
La respuesta del gobierno y la realidad en el terreno
El Gabinete de Seguridad Nacional presentó los operativos como un éxito coordinado de las instituciones federales y estatales. En un comunicado, destacó la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la SSPC, la FGR y autoridades locales. Se subrayó la eficacia de la cooperación interinstitucional y se calificaron los resultados como un “golpe significativo” contra el narcotráfico.
Sin embargo, los hechos de Culiacán y Navolato también exponen los límites de esa narrativa. Los enfrentamientos continúan, los grupos criminales mantienen capacidad operativa y la violencia no ha disminuido de forma sostenida. Cada operativo exitoso parece ser seguido por otro enfrentamiento, otra captura, otro decomiso, en una secuencia que no altera el fondo del problema.
La detención de 18 presuntos delincuentes, la incautación de armas y de sustancias químicas, y el desmantelamiento de un laboratorio son, sin duda, resultados relevantes. Pero también reflejan que el crimen organizado sigue reproduciéndose a un ritmo que las fuerzas del Estado apenas pueden contener.
Una pugna sin vencedores claros
El conflicto entre Los Chapitos y Los Mayos es, en buena medida, una disputa generacional dentro del propio Cártel de Sinaloa. Los primeros, hijos del antiguo líder Joaquín Guzmán, representan una nueva manera de operar: más violenta, más imprevisible, menos dispuesta a negociar. Los segundos, encabezados por Ismael “El Mayo” Zambada, mantienen un estilo más tradicional, basado en acuerdos y redes de corrupción consolidadas.
El Estado mexicano, atrapado entre ambos, se enfrenta a un dilema: cómo golpear a los grupos sin desestabilizar una región donde el crimen ha asumido funciones económicas y sociales. En muchos pueblos del norte de Sinaloa, los grupos armados sustituyen al gobierno en la provisión de seguridad, empleo o incluso mediación de conflictos.
El costo humano
Detrás de cada cifra —18 detenidos, 281 millones de pesos incautados, 13 mil litros decomisados— hay una historia de violencia sostenida. Las balaceras en zonas urbanas ponen en riesgo a familias enteras; las redadas generan desplazamientos temporales; los jóvenes son reclutados o desaparecen.
Las imágenes que circulan tras cada operativo muestran convoyes militares recorriendo calles semidesiertas, casas perforadas por balas, vecinos que observan desde la distancia con una mezcla de miedo y resignación. En Sinaloa, la normalidad convive con la guerra.
Un equilibrio precario
El 23 de octubre fue un día más en la larga guerra contra el narcotráfico. Las autoridades presentaron los resultados como una muestra de avance; los analistas señalaron, en cambio, que el mapa criminal permanece casi intacto. Los decomisos se suman a una estadística que crece sin modificar las causas profundas: pobreza, impunidad, corrupción institucional y una demanda internacional de drogas que sostiene el negocio.
Sinaloa no es un territorio aislado. Es el reflejo de un país donde el poder del Estado se mide no por su presencia, sino por su capacidad de resistir. Los operativos en Culiacán y Navolato evidencian una paradoja: el gobierno gana batallas tácticas, pero la guerra sigue abierta, sin vencedores ni señales de un final próximo.
