“Nos quitarían el lugar”: aspirantes llevan a la UNAM ante tribunales
Los estudiantes buscan frenar con un amparo la nueva prueba exigida después de aprobar el proceso de ingreso universitario.
La decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de aplicar un examen de control presencial a aspirantes que ya fueron aceptados en el proceso de ingreso a licenciatura 2026 enfrenta una nueva controversia, luego de que un grupo de estudiantes anunciara la preparación de un amparo colectivo para impugnar la medida.
Los inconformes argumentan que la institución estaría afectando sus derechos al exigir una nueva evaluación después de haber concluido el concurso de selección y contar con resultados oficiales que avalaron su ingreso.
El recurso legal es impulsado por un abogado identificado en redes sociales como “Dxnixl Rxbrxck”, quien señaló que existen elementos constitucionales para cuestionar la determinación de la máxima casa de estudios. De acuerdo con lo informado, la demanda buscaría beneficiar a los aspirantes seleccionados que ahora deben presentar nuevamente una prueba como condición para conservar su lugar.
Según el proyecto del amparo, los promoventes cuestionan la resolución mediante la cual la UNAM estableció un examen presencial de verificación tras detectar posibles irregularidades en el proceso de admisión realizado en línea.
La acción legal señala como posibles responsables a autoridades universitarias, entre ellas el rector Leonardo Lomelí Vanegas, el Consejo Universitario, integrantes de la comisión encargada de revisar el proceso de ingreso 2026, así como áreas administrativas relacionadas con la admisión e inscripción de estudiantes.
Los aspirantes sostienen que la Universidad pretende desconocer la validez de una evaluación que ya fue aplicada, revisada y cuyos resultados fueron publicados, por lo que consideran que someterlos a una nueva prueba representa una afectación a los principios de certeza jurídica y debido proceso.
Además, señalan que la medida resulta excesiva, pues consideran que cualquier duda sobre la preparación académica de los estudiantes podría revisarse mediante mecanismos establecidos durante la trayectoria universitaria, sin poner en riesgo su ingreso.
El proyecto jurídico contempla solicitar una suspensión para evitar que el examen de control sea obligatorio mientras se resuelve el juicio, con el objetivo de que los aspirantes puedan continuar con su proceso de inscripción al ciclo escolar 2026-2027.
