Presentan plan para la protección de aspirantes o candidatos durante el proceso electoral

Redacción. – El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que para evitar la presencia del crimen organizado y la delincuencia de cuello blanco en el proceso electoral, principalmente en relación con los candidatos o aspirantes, el gobierno federal ha estructurado un plan estratégico para su protección.

es un plan para darle protección a los candidatos, que no los amenacen, que no los intimiden, que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses, por todo esto que se presenta en procesos electorales y, queremos ahora enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos los que elijan, no los grupos de intereses creados, no la delincuencia de cuello blanco ni la delincuencia organizada, que no haya candidatos a modo”.

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Rosa Icela Rodríguez refirió de septiembre de 2020 a febrero de 2021 se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos en los cuales hubo lamentablemente 64 personas víctimas de homicidio.

En lo que va del año se han registrado 11 homicidios, 2 agresiones, 1 secuestro y 1 extorsión.

La encargada de la seguridad en el país, también refirió que son siete las entidades donde se congrega más de la mitad de los eventos de violencia política, y estos son: Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco.

Mientras que los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa y Jalisco son los detectados con más riesgo de que los candidatos tengan cooptación por parte de la delincuencia.

El tema más preocupante en contexto electoral es el prevenir, sancionar la violencia política y proteger a candidatos o aspirantes amenazados por el crimen organizado y el crimen de cuello organizado”

Tanto el presidente López Obrador como la secretaria de seguridad señalaron que México heredó “el partido de la delincuencia organizada, pues en algunas regiones se acostumbraba a que estos grupos del crimen eligieran a los candidatos, y hoy, buscan seguir controlando con campañas de miedo.

El modus Operandi son las campañas del miedo para intimidar a la clase política y al pueblo en general; asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian”, señaló Rosa Icela.

En algunas regiones designan o está intentando designar candidatos, tomando el control de las finanzas y extorsionan o piden diezmo, en otros bloquean a candidatos y partidos políticos que no responden a sus intereses”.

Ante ello, el Plan de protección a candidatos tiene un objetivo claro; “detectar las amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar las acciones del partido del crimen y la delincuencia, principalmente en los municipios:

• 1.- Hacer un llamado a partidos políticos y autoridades electorales y otras autoridades para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley
• 2.- Establecer mesas de trabajo entre la Segob, la Secretaría de Seguridad, partidos políticos, las fiscalía y autoridades locales para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registros de candidatos vinculados con el crimen organizado
• 3.- Se está en un proceso de consulta con los gobernadores para la aplicación de esta estrategia en sus entidades.
• 4.- Se reforzará la estrategia de seguridad en entidad federativas y municipios de alto riesgo con presencia de las fuerzas de seguridad.
• 5.- Se brindará atención a aspirantes y candidatos amenazados.
• 6.- Coadyuvar en la protección y la coordinación operativa con autoridades ministeriales e instancias competentes tanto locales como federales.
• 7.- Establecer protocolos territoriales especializados según el nivel de violencia política e incidencia delictiva y de riesgos para el proceso electoral
• 8.- Se evaluará de manera semanal el avance de la estrategia.

Este año, México desarrolla un proceso electoral donde se elegirán a 500 diputados federales, 15 gobernadores, más de mil 900 presidencias municipales, mil 63 cargos en Congresos locales y más de 17 mil entre regidoras, sindicaturas y concejales, en suma, son más de 21 mil cargos de elección popular.

Ante ello la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana unió esfuerzo con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad e Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia con el propósito de tomar las prevenciones necesarias.

La protección tiene que ser voluntaria y aceptada, de acuerdo con las autoridades y con los organismos electorales, pero nadie podría oponerse a esto, incluso tendría que participar o debería de tomarse en cuenta que participe la CNDH”.

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