Puebla
Puebla, octava en abortos en 2021, continúa siendo ilegal
Liliana Tecpanécatl
En el 2021 Puebla fue la octava entidad con mayor incidencia de abortos en el país, con un total de 275 de acuerdo a datos del INEGI. En el estado sin embargo, el Código Penal aún considera este procedimiento como ilegal.
Por ello, profesionales de la salud, integrantes de la asociación Salvemos Miles de Vidas México, exigieron este martes que Puebla se sume a la lista de los estados en que las mujeres puedan decidir libremente sobre su maternidad.
Aurora Morales Domínguez, médico ginecoobstetra en la entidad, señaló que hoy la interrupción del embarazo en Puebla sigue siendo un delito. Si bien las mujeres ya no van a la cárcel por abortar, es decir ya no está criminalizado; eso no significa que sea una práctica legal.
“Todavía sigue siendo un delito en Puebla, no es verdad que pueda llegar una paciente a un hospital a abortar y que esto sea permitido, sí se despenalizó ya, se discriminalizó el aborto, esto quiere decir que no te pueden meter a la cárcel sin embargo todavía no es algo legal,”.
Por esa razón, es que el personal médico de instituciones publicas y privadas rechaza realizarlo. Aunque se argumente que ya es posible practicarse un aborto utilizando un amparo, en los hechos ello no ocurre. Las únicas mujeres que pueden tener el servicio por este medio, son aquellas que son víctimas de violación.
“Por eso no es tan fácil que una paciente pueda llegar a pedir ayuda y que el médico no tenga el miedo de prestarle esa ayuda sin que esto sea un delito, aquí en Puebla aún no es posible que con un amparo llegue una paciente a qué se le realice un aborto en ningún hospital público”.
En Puebla, la interrupción del embarazo se considera legal solamente en cuatro situaciones: aborto imprudencial, cuando la vida de la madre está en riesgo, cuando el producto presenta alteraciones congénitas que deriven en daños físicos o mentales y cuando el embarazo es resultado de una violación.
De ahí la urgencia de que los legisladores muestren voluntad política para garantizar el respeto a los derechos de las mujeres respecto de poder contar con servicios de salud de calidad, de decidir sobre sus cuerpos y de ejercer con autonomía su libertad.