Rosa Icela revela millonario pago que se realiza a 8 reclusorios privados
Redacción. – En los últimos nueve años el gobierno de México ha realizado, anualmente, un pago total de 75 mil 661 millones 735 mil 763 pesos a ocho reclusorios privados, que por adjudicación directa signaron, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, un contrato por casi 270 mil millones de pesos para la operación y seguridad de los mismos.
La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez informó que el recurso pagado apenas representa el 36 % del pago total, restando más de 190 mil 638 millones de pesos, pago que corresponde en algunos penales, para su liquidación, hasta el 2032 y otros hasta el 2037.
Lo cual se hace un costo total, proyectado a 20 años, aproximado, de 266 mil 300 millones de pesos”.
Los reclusos privados se localizan en Sonora, Guanajuato, Oaxaca, Durango, Chiapas, Morelos (Femenil) Michoacán y Coahuila. En total se tiene una población de 12 mil 284 reclusos, los cuales representan un gasto anual de un millón 375 mil 64 pesos, que en promedio, serían 3 mil 819 pesos por cada recluso al día.
Rosa Icela destacó que en la Ciudad de México, aproximadamente, en promedio se gasta 500 pesos al día por recluso.
El Consejero Jurídico federal, Julio Scherer Ibarra destacó cuatro principales cláusulas de los contratos signados en diciembre de 2010 y marzo de 2011; donde se expone que la responsabilidad de la operación y seguridad de los reclusorios es de PIRS de la Secretaria de Seguridad Pública, es decir, la empresa desarrolladora sólo brindará las condiciones materiales, tecnológicas y algunos servicios auxiliares; los pagos serán realizados por PIRS desde la fecha de inicio y terminación del contrato, es decir, aunque no haya internos se tiene que pagar el 100 del pago, como si estuviera lleno el reclusorio.
Y la vigencia el contrato será de 22 años, y la etapa de prestación el servicio no será menor a 20 de años, salvo en recesión y terminación anticipada del contrato
Los contratos también establecen que el inmueble y sus instalaciones, una vez concluida la vigencia son propiedad del proveedor y no del gobierno, o bien podrán ser objetos de un nuevo contrato.
Ante estos negocios del sector privado, el presidente López Obrador afirmó que que hay una denuncia presentada en la Fiscalía General, que también tiene que ver con la situación del exfuncionario García Luna.
Así mismo, se actuará a través de dos vertientes; se hablará con los proveedores para que se llegue a un acuerdo, “porque consideramos que es un abuso, por decirlo amablemente”; el acuerdo que se logré debe de beneficiar a la hacienda pública.
Y dos, se elaborará una denuncia en lo civil para cancelar los contratos.
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