2026: El año donde se miden las ambiciones

El 2026 no es un año cualquiera en el calendario político. Es la antesala del proceso electoral y, como tal, se convierte en un terreno fértil para la estrategia, el posicionamiento y, también, para la simulación. Para muchos actores políticos, este será el último tren al que podrán subirse bajo las reglas actuales, particularmente para presidentas y presidentes municipales, así como diputadas y diputados locales y federales que aún tienen la posibilidad de buscar la reelección… por última vez.

La reforma político-electoral que limitó la reelección consecutiva convierte este año en una especie de examen final. Ya no hay margen para la curva larga ni para promesas de futuro: 2026 exige resultados visibles, presencia territorial constante y una narrativa que justifique la continuidad. Quien no logre mostrar obra, gestión o al menos cercanía social difícilmente podrá sostener su aspiración de repetir en el cargo.

En este contexto, para los morenistas, las encuestas adquieren un papel central. No solo como herramienta de medición, sino como moneda de cambio política. Los sondeos serán el filtro principal para quienes buscan un espacio en la Cámara de Diputados federal o en el Congreso del Estado. La popularidad —real o construida— se convierte en el argumento más sólido frente a las dirigencias partidistas, muchas veces por encima de la experiencia legislativa o la capacidad técnica.

Este escenario es especialmente relevante para las y los actuales secretarios de Estado del gobierno de Puebla, que gozan de la simpatía del gobernador Alejandro Armenta. Para ellos, 2026 representa la oportunidad de trasladar el capital político institucional a una candidatura. La lógica es clara: quien aparezca bien posicionado en las encuestas tendrá mayores posibilidades de ser considerado, aun cuando su desempeño haya sido más administrativo que político.

Algo similar ocurre con los delegados y delegadas que operan en las distintas microregiones del estado. Sus constantes eventos de entrega de apoyos, programas sociales y beneficios gubernamentales se transforman en auténtico oro molido. No solo porque generan visibilidad, sino porque permiten construir redes de lealtad y reconocimiento directo con los ciudadanos. En un entorno donde la percepción lo es todo, la foto, el saludo y el discurso breve pueden valer más que años de trabajo legislativo silencioso.

Sin embargo, para la democracia y la equidad en la contienda, este fenómeno abre varias interrogantes. ¿Dónde termina la función pública y dónde comienza la promoción personal? ¿Hasta qué punto el uso intensivo de programas y eventos oficiales distorsiona la competencia interna y externa? El riesgo es evidente: que el 2026 se convierta más en un año de precampañas disfrazadas que en un periodo de gobierno efectivo.

Además, no todos los actores parten del mismo punto. Mientras algunos cuentan con reflectores, presupuesto y estructura territorial, otros —especialmente quienes hoy ocupan cargos legislativos— deben redoblar esfuerzos para no quedar opacados. El reto para diputadas y diputados será demostrar que legislar, fiscalizar y representar también genera valor político, aunque no siempre se traduzca en aplausos inmediatos.

El año previo a la elección suele ser el más revelador. Es cuando se caen las máscaras y se exhiben las verdaderas prioridades. Quienes gobiernan con visión entenderán que su mejor carta de presentación es el cumplimiento de su responsabilidad pública. Quienes solo ven el cargo como trampolín apostarán todo a la estadística favorable y al evento multitudinario.

En 2026 se juega más que una candidatura: se define el tipo de clase política que llegará a la boleta en 2027. La ciudadanía, cada vez más informada y crítica, tendrá la última palabra. Porque las encuestas podrán medir intención, pero solo el voto confirmará quién supo aprovechar —o desperdiciar— este año clave.