Redacción
El Congreso del Estado mantiene un compromiso permanente para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, mediante la aprobación de diversas iniciativas impulsadas por diputadas y diputados desde el inicio de la LXII Legislatura. Estas acciones buscan garantizar la igualdad de género y fortalecer el marco legal en favor de los derechos de las mujeres en Puebla.
Como parte de las acciones legislativas, el Congreso avaló la propuesta de la diputada Nayeli Salvatori Bojalil para reformar el primer párrafo del artículo 3, el artículo 5 y el primer párrafo y la fracción II del artículo 7 de la Ley de Vivienda para el Estado de Puebla, con la finalidad de promover oportunidades de acceso a vivienda adecuada, con especial atención a mujeres víctimas de violencia y a sus hijas e hijos, así como integrar los principios de igualdad, perspectiva de género y no discriminación.
Tras el análisis de la propuesta de la diputada Celia Bonaga Ruiz, la LXII Legislatura aprobó reformas al primer párrafo del artículo 497 y al artículo 498 del Código Civil del Estado de Puebla, con el objetivo de establecer que los alimentos comprendan —más allá de comida, vestido y habitación— el esparcimiento y demás necesidades integrales para el sano desarrollo.
Asimismo, se incluyó que, respecto de niñas, niños y adolescentes, los alimentos comprendan también los gastos necesarios para la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior del alimentista, así como para proporcionarle algún oficio, arte o profesión acorde con sus circunstancias personales.
A partir de la propuesta del diputado Rosalío Zanatta Vidaurri y de la diputada Floricel González Méndez para modificar el artículo 10 de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se aprobaron reformas para considerar en la legislación la violencia simbólica, entendida como todo acto u omisión que reproduce y perpetúa relaciones de dominación, desigualdad y discriminación mediante patrones socioculturales, roles o estereotipos basados en el sexo.
Estos se transmiten a través de mensajes, valores, símbolos, íconos, señaléticas, signos, dibujos o imágenes por medios de comunicación, redes sociales, la cultura, la educación, la religión y otros ámbitos sociales, contribuyendo a naturalizar la subordinación de las mujeres en la sociedad o a difundir mensajes peyorativos en su contra.
Entre las iniciativas aprobadas también destaca la impulsada por la legisladora Xel Arianna Hernández García, mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución del Estado, la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de igualdad sustantiva y erradicación de la brecha salarial de género.
De igual forma, las y los diputados avalaron la propuesta de Azucena Rosas Tapia para reformar el párrafo primero del artículo 18 Bis de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a fin de incluir al personal administrativo en la definición de violencia obstétrica, con el objetivo de garantizar el respeto a la dignidad, autonomía y derechos humanos de las mujeres en todo momento.
Con la finalidad de garantizar los derechos de niñas y adolescentes, el Congreso del Estado avaló la iniciativa impulsada por el Grupo Legislativo del PAN para derogar la fracción XVIII del artículo 91 de la Ley Orgánica Municipal, eliminando así la facultad de los presidentes municipales para suplir el consentimiento de menores de edad que pretendan contraer matrimonio.
En el mismo sentido, el Grupo Legislativo impulsó reformas a la fracción II del artículo 119 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, con el propósito de establecer programas de diseño, elaboración y entrega gratuita de productos de gestión menstrual reutilizables, sustentables y ecológicos por parte de las autoridades educativas estatales y municipales.
Finalmente, la LXII Legislatura aprobó el dictamen promovido por la entonces diputada Laura Artemisa García Chávez, mediante el cual se reforma el último párrafo del artículo 267 del Código Penal del Estado de Puebla, para establecer que la persecución en los casos de violación entre cónyuges o concubinos se realice de oficio.
