COPARMEX pide nueva legislación sobre violencia digital tras fallo de la SCJN
Tras la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional el delito de ciberasedio, COPARMEX Puebla llamó al Congreso del Estado a impulsar una nueva legislación que garantice la protección de las víctimas de violencia digital sin vulnerar derechos fundamentales como la libertad de expresión.
En un posicionamiento, el organismo empresarial señaló que la decisión de la Corte representa una oportunidad para construir un marco jurídico “más sólido, claro y eficaz”, que permita atender la violencia en entornos digitales con apego a los principios constitucionales.
La presidenta de COPARMEX Puebla, Beatriz Camacho, sostuvo que la protección de la integridad, la dignidad y la seguridad de las personas en medios digitales es una responsabilidad del Estado, por lo que las víctimas de violencia, acoso y hostigamiento deben contar con mecanismos efectivos de prevención, atención y acceso a la justicia.
Al mismo tiempo, el organismo reconoció la determinación de la SCJN al considerar que toda legislación penal debe respetar los principios de legalidad y certeza jurídica, de modo que las conductas sancionables estén claramente definidas y no permitan interpretaciones que puedan afectar derechos fundamentales.
COPARMEX Puebla enfatizó que la invalidez del delito de ciberasedio no exime al Estado de su obligación de combatir la violencia digital y proteger a las víctimas, sino que abre la posibilidad de diseñar una regulación con mayor claridad jurídica y respeto a los derechos humanos.
Por ello, el organismo exhortó al Congreso local a desarrollar un proceso legislativo abierto y plural, con la participación de especialistas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, periodistas, expertos en derechos digitales y representantes del sector empresarial.
Finalmente, COPARMEX Puebla reiteró su disposición para aportar una visión técnica e institucional en la elaboración de una nueva propuesta que fortalezca el Estado de derecho, la confianza ciudadana y la seguridad en los entornos digitales.
