Acusan por primera vez a un hombre por delitos vinculados al genocidio en Ruanda
Por primera vez en más de 30 años, Reino Unido presentó cargos relacionados con el genocidio contra los tutsis en Ruanda de 1994, después de una investigación de siete años que culminó con el arresto de un hombre de 65 años residente en Londres.
Se trata del doctor Vincent Brown, anteriormente conocido como Vincent Bajinya, originario de Kigali. La Fiscalía de la Corona británica autorizó en su contra un cargo por conducta vinculada al genocidio y seis cargos relacionados con conducta auxiliar al asesinato como crimen de lesa humanidad. Brown comparecerá este martes ante el Tribunal de Magistrados de Westminster.
Según la Fiscalía, Brown es acusado de haber dirigido e incitado actos de asesinato y genocidio cometidos por otras personas contra integrantes de la población tutsi en Kigali durante abril de 1994.
Las autoridades británicas subrayan que se trata de acusaciones, por lo que Brown conserva el derecho a un juicio justo y los procedimientos judiciales se encuentran actualmente activos.
¿Qué ocurrió en Ruanda?
Ruanda estaba marcada por profundas tensiones políticas y sociales entre los principales grupos de población del país, particularmente hutus y tutsis. La discriminación y la violencia política habían acompañado al país durante años, mientras que la guerra civil iniciada en 1990 enfrentaba al gobierno dominado por hutus con el Frente Patriótico Ruandés (RPF), integrado principalmente por tutsis.
En 1993 se alcanzó el Acuerdo de Arusha, destinado a poner fin al conflicto y establecer un reparto de poder que fue rechazado mayoritariamente por grupos extremistas.
El acto que sucumbió al odio
El 6 de abril de 1994, un misil derribó el avión en el que viajaban el presidente ruandés Juvénal Habyarimana y el presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, cuando se aproximaba a Kigali.
La autoría del ataque ha sido objeto de controversia histórica, pero el atentado desencadenó una oleada de asesinatos sistemáticos. En cuestión de horas comenzaron a instalarse puestos de control en Kigali para identificar a personas consideradas tutsis. Fuerzas gubernamentales, milicias y otros grupos participaron en la persecución.
Durante aproximadamente 100 días, más de 800 mil personas fueron asesinadas, de acuerdo con la estimación de Organización de las Naciones Unidas (ONU) citada por su programa de divulgación sobre el genocidio. La mayoría de las víctimas fueron tutsis, aunque también fueron asesinados hutus moderados y otras personas que se opusieron al genocidio.
Las consecuencias no terminaron en 1994
Las consecuencias se extendieron posteriormente por la región de los Grandes Lagos africanos y estuvieron relacionadas con nuevos conflictos, especialmente en el territorio de la actual República Democrática del Congo. La ONU señala que algunas milicias hutus vinculadas al éxodo desde Ruanda continuaron operando en el este congoleño y que las secuelas del genocidio siguen formando parte de la compleja situación de seguridad de la región.
En el ámbito internacional, el genocidio también dejó una profunda discusión sobre la responsabilidad de la comunidad internacional. Una misión de la ONU se encontraba en Ruanda para supervisar el acuerdo de paz, pero no tenía autorización para intervenir militarmente y las advertencias sobre la posibilidad de un genocidio no fueron atendidas adecuadamente.
Un proceso judicial casi tres décadas después
La investigación británica comenzó en septiembre de 2019, después de una solicitud formal del Gobierno de Ruanda relacionada con personas presuntamente involucradas en el genocidio ocurrido en el distrito de Rugenge, en Kigali.
Tras siete años de investigación y cooperación internacional, las autoridades británicas determinaron que existían elementos suficientes para presentar cargos contra Brown. La Policía Metropolitana señaló que todavía existen otras investigaciones abiertas en Reino Unido relacionadas con posibles crímenes cometidos durante el genocidio.
