Puebla

Fiscalía recibe apoyo tras detención del juez Enrique Romero Razo

Pilar Bravo  FECHA:  21 octubre, 2026

El Poder Judicial del Estado de Puebla avaló la actuación de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la detención de Enrique Romero Razo, integrante de este órgano con categoría de juez. A través de un comunicado, refrendó su compromiso con la legalidad, la imparcialidad, la transparencia y el respeto al Estado de derecho.

La institución señaló que no admite la corrupción ni la impunidad y reconoció la actuación profesional, objetiva y apegada a derecho de la Fiscalía General del Estado de Puebla en la integración de las carpetas de investigación relacionadas con presuntas conductas irregulares atribuidas al juzgador.

Como parte de las acciones emprendidas para combatir la corrupción, el Poder Judicial del Estado de Puebla informó que, a través del Consejo de la Judicatura, entre noviembre de 2025 y octubre de 2026 emitió 30 determinaciones en materia de responsabilidades administrativas, de las cuales 18 corresponden a sanciones contra personas servidoras públicas.

Agregó que la actuación de los servidores judiciales debe apegarse en todo momento a la ley y a los principios que rigen la función pública. En consecuencia, el Consejo de la Judicatura no otorga protección ni privilegios a ninguna persona servidora judicial ante posibles conductas contrarias a sus obligaciones.

A través del Consejo de la Judicatura, el Poder Judicial mantiene su disposición a colaborar con las autoridades competentes, dentro del ámbito de sus atribuciones, y atender los requerimientos correspondientes, con pleno respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

El comunicado agrega que la conducta de un servidor público no define a la institución, pero sí la obliga a actuar con estricto apego a la ley. Por ello, permanecerá atenta a las determinaciones que emita la Fiscalía General del Estado de Puebla.

El Poder Judicial del Estado de Puebla reiteró que el cumplimiento de la ley y la rendición de cuentas son principios irrenunciables en el ejercicio de la función judicial.





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