Amnistía exige frenar la reforma electoral de Daniel Ortega
San José, Costa Rica.- Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado urgente a la comunidad global para aumentar la presión sobre el gobierno de Daniel Ortega y frenar su reforma constitucional en Nicaragua. La organización instó a los países a no reconocer la medida, la cual busca prohibir la participación de la oposición en las próximas elecciones y consolidar el veto político en el país.
La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, prevé aprobar la iniciativa impulsada por el presidente Daniel Ortega a inicios de septiembre. El mandatario justifica las restricciones bajo el argumento de que los líderes de la oposición responden a intereses de Estados Unidos.
Ante esta situación, AI solicitó a los estados miembros no normalizar el despojo del derecho al voto como una decisión soberana interna. Asimismo, pidió elevar las denuncias en foros multilaterales para exigir que Nicaragua cumpla sus compromisos internacionales en materia de libertades políticas.
Un golpe definitivo a los derechos políticos
La organización alertó que la modificación legal consolida un sistema autoritario donde el poder central decide arbitrariamente quién puede participar en la vida pública del país.
“Esta reforma electoral intenta consolidar un sistema en el que el Estado decide arbitrariamente quién ejerce un derecho humano fundamental y quién queda excluido de él por motivos políticos”, advirtió Ana Piquer, directora de Amnistía Internacional para las Américas.
Daniel Ortega, de 80 años, y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, de 75, mantienen el control total del Estado desde hace casi dos décadas. Su administración intensificó el aislamiento político tras las protestas ciudadanas de 2018, cuya represión dejó más de 300 muertos según datos de la ONU. La pareja presidencial califica de forma reiterada aquellas movilizaciones como un “intento de golpe de Estado”.
Inhabilitaciones masivas y extensión de mandato
El presidente del Legislativo, Gustavo Porras, detalló los alcances de la iniciativa al señalar que la nueva Constitución vetará expresamente a quienes el régimen considere “golpistas” o “traidores a la Patria”, así como a personas que respalden sanciones internacionales.
Además del bloqueo político, el proyecto contempla extender el período presidencial de seis a siete años con carácter “prorrogable”. Diversos analistas y líderes opositores denuncian que este cambio entierra formalmente la vía democrática en el país. Hasta el momento, el texto completo de la propuesta se mantiene bajo reserva por parte del Ejecutivo.
