El constructor INFONAVIT
Silvino Vergara
“Ya nadie tiene una visión.
Nadie puede ya decir lo que
va a suceder y a dónde
conduce el camino.
Ciertamente carecemos
en todos los sentidos de
una visión realista que
ilumine el futuro.”
Hans Kung
Con las últimas reformas constitucionales y legales de estos días de diciembre de 2024, se está modificando la organización y la competencia del INFONAVIT: el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda de los Trabajadores, creado en 1972, en los tiempos del presidente Luís Echeverría Álvarez que, con estas recientes modificaciones legales se pretende re-lanzar y cumplir con algunos de los cometidos que se propusieron en esos tiempos de esa administración pública federal, que da la casualidad que, es de las administraciones públicas que son de las más allegadas intelectualmente a las actuales administraciones publicas federales.
Al instituto, se le dio el carácter de “organismo fiscal autónomo”, mismas condiciones en que se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, considerando que debía de cobrar las aportaciones de seguridad social de los patrones y que la omisión de pago, implica que se pueda llevar a cabo el procedimiento de ejecución, es decir, cobrar directamente al patrón deudor, sin necesidad de una orden judicial.
Con el paso del tiempo el Instituto se fue reforzando en su función como autoridad fiscal, realiza auditorias a los contribuyentes, cuenta con todo una serie de departamentos de fiscalización y cobro a los patrones, determina créditos fiscales, realiza el cobro de adeudos fiscales vía el embargo de las cuentas bancarias, etc. es decir, ha contado cada día con más atribuciones, que de paso, han provocado un organismo demasiado complejo y por ello, a veces, fuera de control, que provoca actos de desafortunada corrupción.
En esos tiempos de la década de los setenta del siglo XX, que se implementó esa institución, fue cuando se desarrollaron y construyeron las unidades habitacionales por las principales ciudades de nuestra nación, construcciones al estilo de Checoslovaquia y la Habana, Cuba, unidades habitacionales que, en su momento, han mejorado las condiciones de habitación de muchas familias mexicanas.
Cabe recordar que el artículo 4º. de la Constitución establece el derecho a la vivienda, por ende el Estado debe de implementar políticas públicas para otorgar ese derecho de los denominados derechos sociales, y que son de los más complejos de cumplir.
Hay que recordar que, una de las medidas que se implementó alguna vez en México fueron las rentas congeladas, particularmente en la ciudad de México, que en los tiempos de la segunda guerra mundial, se implementó esa medida, atendiendo que los precios de los productos estaban elevándose, por lo cual, era necesario congelar las rentas de las casas habitación para evitar problemas de las clases trabajadoras para contar con una casa habitación.
El problema de esa política es que se hizo vieja esa medida, al grado de que se derogó hasta 1990, en tanto, lo que sucedió es que, las casas habitación, propiamente vecindades abandonadas, sin mantenimiento alguno por las rentas congeladas, es que en el terremoto de 1986, se derrumbaron muchas de ellas en el centro histórico de la ciudad de México, con las lamentables muertes nunca contabilizadas.
Con la creación del instituto, en ese papel de constructor, si bien, se trató de un buen propósito, sin embargo las obras, a medio terminar, de mala calidad, muchos de esos edificios se han colapsado en los terremotos, los trabajadores entraban a sorteos para que les adjudicaran un departamento, no había la libertad de escoger una de estas casas habitación, se asignaban, había listas de espera de páginas completas esperando que se pudiera adscribir una de esas casas a los trabajadores, o bien, había que formarse en los sindicatos que eran muchas de las ocasiones, los que asignaban las casas, es decir, una serie de problemas que entorpecían la función del instituto y lo convirtieron en una organización demasiado obesa.
Una vez que dejó de realizar esa función de constructor el instituto, mejoró sus funciones, como una entidad más financiera, dedicada a administrar y suministrar los créditos habitacionales de los trabajadores, sin embargo, con estas reformas legales y constitucionales, regresa a la función de constructor el instituto, ahora incluso, rentando casas habitación, lo que provocará problemas en el sector inmobiliario en México, uno de los que más reciente las crisis económicas y en donde se concentra el mayor número de empleados, con estas medidas resulta que se pondrá en riesgo ese gran mercado inmobiliario y de generación de empleo, todo porque el Estado actualmente pretende acaparar todo el sistema de consumo de nuestra nación. (Web: parmenasradio.org)