El espectáculo performativo de los linchamientos es prevenible: IBERO Puebla
Los linchamientos se producen en un contexto de continuas violaciones a los derechos humanos, lo que obliga a las personas a gestionar su propia seguridad con los recursos que tienen a la mano.
Cuando la justicia institucional se ausenta, la figura del vengador ciudadano se multiplica. En el caso de Puebla, el fenómeno del linchamiento creció hasta 460% entre 2015 y 2019 con el registro de hasta 600 casos, mismos que han cobrado la vida de 78 personas. Pero no se trata de un fenómeno aislado: es el resultado de un continuum de violencias estructurales.
Así lo enuncia el cuaderno Linchamientos en Puebla, violencias extremas que conjugan violaciones de derechos humanos, el más reciente esfuerzo de investigación hemerográfica del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, SJ (IDHIE) de la IBERO Puebla.
La académica Martha Huggins (1991) definió el linchamiento como “la acción violenta de ciudadanos contra otros ciudadanos que presumiblemente han violado una norma social”. En otras palabras, se trata de un fenómeno en el que personas comunes y corrientes defienden, de manera espontánea e ilegal, el orden social por su propia mano.
El informe suma a este paradigma el valor físico del linchamiento para diferenciarlo de los fenómenos cada vez más recurrentes en medios digitales (como la llamada “cultura de la cancelación”). Añade también un sesgo importante para su análisis hemerográfico: el siniestro debe conducir necesariamente a la muerte del agredido.
Como expuso Tadeo Luna de la Mora, responsable de Seguridad y Justicia del IDHIE, los linchamientos son producto de la descomposición de las estructuras sociales que representan violaciones a los derechos secundarios (DESCA). También son consecuencia de la crisis de legitimidad estatal, pues la ciudadanía entiende que su entorno está atravesado por altos índices de corrupción y, sobre todo, de impunidad.
Los siniestros documentados en los cinco años que comprende la investigación ocurrieron en 54 municipios del estado; Puebla,San Martín, Amozoc y Atlixco registraron la mayor incidencia. Los principales detonantes para el linchamiento son los delitos contra el patrimonio (específicamente, robo de autos).
En 45 de los 53 casos de linchamientos consumados se registró algún tipo de actuación policial. De estos, en uno de cada cuatro casos hubo agresiones contra los elementos de seguridad, y solo en el 19% de los casos totales hubo detenidos.
Los linchamientos han crecido en número y forma. Se han convertido en un mensaje político a las instituciones estatales. Además, parece ser más importante el lugar en el que se cometen los delitos que la gravedad de los mismos. Aun así, acotó Luna de la Mora: “Pueden ser interpretados como el culmen de un acto performáticos. Las víctimas mueren por los golpes, pero en 13 casos se recurrió al fuego”.
Este uso de elementos ritualistas forma parte de una manera distinta de entender y ejercer el derecho ciudadano. Antonio Fuentes Díaz, académico de la BUAP y coautor del cuadernillo, señaló que la inoperancia de las instituciones de impartición de justicia deriva en dos grandes grupos de violaciones a los derechos humanos: las faltas a los DESCA y la ausencia de una debida diligencia.
La violencia endémica se conjuga con las dinámicas de linchamiento: entre más violento es un espacio, mayor latencia hay a la autojusticia. Esto se ve reflejado en la exclusión estructural y la vulnerabilidad económica, ambientes que impactan al patrimonio y propagan la sensación generalizada de inseguridad, misma que es compartida por ocho de cada diez poblanos.
Además de ser un testimonio científico, se trata de un documento de reflexión que recupera algunos casos emblemáticos, como el de Tláhuac en 2004 y el de Acatlán en 2018. Estos testimonios develan una realidad de doble moral explorada por el coautor Israel Huerta Manzano: “Cuando las personas resultan culpables, la sociedad es muy punitiva ante el hecho [de linchamiento]”.
El integrante del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla (CCSJP) externó su preocupación frente a la normalización del fenómeno: el 77% de la población está de acuerdo con ejercer violencia física sobre quien sea descubierto en una actividad delictiva.
Sin embargo, el accionar de las instituciones también es un factor adverso. Además de la dilación de los elementos de seguridad desde la denuncia telefónica hasta la llegada al lugar del siniestro, las personas manifiestan que los policías no están capacitados para dar respuestas satisfactorias. “El protocolo es muy criticado porque nace de manera reactiva, no preventiva”, reconoció.
En el cuaderno de investigación se busca poner de manifiesto que existen violencias previas al linchamiento, por lo que se trata de un fenómeno prevenible. “De poco valen los protocolos reactivos cuando hay reacciones enardecidas”. Tadeo Luna señaló que los documentos institucionales deben arrojar resultados palpables para hablar de estrategias efectivas.
