Hacer más punitivo el Sistema Penal no reduce la incidencia delictiva
Redacción.- El pasado lunes la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de las reformas legislativas que aumentan el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva —privación de la libertad mientras se espera una resolución judicial—, al considerar que éstas “vulneran los derechos a la libertad personal, al debido proceso, las garantías judiciales y el principio de presunción de inocencia”.
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Con dichas reformas, aprobadas en 2019 por el Congreso de la Unión, se modificó el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como diversas leyes, para que más delitos fueran clasificados como graves.
El número de delitos que ameritan la mencionada medida cautelar pasó de 6 a 18. En otras palabras, hicieron al Sistema Penal Mexicano más punitivo.
El pronunciamiento de la CNDH no es nuevo ni aislado. Desde hace años diversas organizaciones, como Amnistía Internacional o México Evalúa, han insistido en que la extensión del catálogo de delitos y el aumento de penas de cárcel no reducen la incidencia delictiva; y en cambio, violentan los derechos humanos.
En su estudio La prisión preventiva oficiosa: insuficiente para el control de armas de fuego, México Evalúa advierte que a pesar de que en los últimos 25 años en el país se han modificado en reiteradas ocasiones leyes y códigos penales para aplicar a más delitos la prisión preventiva, éstos han aumentado; “lo cual indica que incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva no tiene efecto alguno sobre la comisión de delitos”.
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Por otro lado, el incremento de las penas de prisión tampoco han frenado la incidencia de delitos como el feminicidio. Una investigación del portal Animal Político revela que las entidades con las sanciones más altas son las que más casos presentan. Por ejemplo, en el Estado de México pese a existir una sanción de hasta 70 años de cárcel desde 2011 no se pudo evitar que de 2015 a 2018 fueran asesinadas 1 mil 752 mujeres en su territorio.
Usar de manera excesiva el sistema penal es una práctica conveniente para los gobernantes, señala Tania Reneaum de Amnistía Internacional, pues mientras promueven entre la población la falsa idea de que con más encarcelamientos la incidencia delictiva y la inseguridad se reducirán, también ganan popularidad política: el llamado populismo punitivo.
El Doctor en Derecho Francisco Jiménez Reynoso explica en una entrevista para el periódico El Informador que la reducción en la incidencia solo se logrará con más capacitación para los policías, Ministerios Públicos y jueces.
