¿Hacia dónde vamos México? (Segunda parte)

22 marzo, 2021 8:19 pm

No somos un país pobre, somos un país empobrecido por políticos mafiosos que han desangrado su propia patria. No nos faltan recursos, nos sobran ladrones. Esto llevó al pueblo en su inmensa mayoría a determinar el triunfo electoral del actual presidente.

Era moralmente insostenible la corrupción imperante. Yo lo dije muchas veces en esta columna, el gobierno de Peña Nieto fue el de “una delincuencia organizada”, y el candidato triunfador supo incidir sobre este tema y sobre el de la desgracia económica. Con su lema “primero los pobres” obtuvo un triunfo contundente que lo llevó no solo a la silla presidencial, sino al control del Congreso.

Como muchos mexicanos yo estaba convencido de su tesis social y de su planteamiento moral, y entendía claramente que para acabar con la corrupción habría que desmontar el viejo régimen priista, caduco, para entronizar otro que permitiera sanear la política.

Y es así como vino la llamada cuarta transformación, basada en cuatro ejes rectores: el combate frontal a la corrupción; el combate a la delincuencia organizada; una economía basada en el resurgimiento de nuestras fortalezas y recursos, y una política social que permitiera sacar de la pobreza a un 45 % de la población, apoyando a los jóvenes sin trabajo y sin estudios, a las madres solteras, a los emprendedores y a los adultos mayores. Nadie, en un terreno de justicia, podría haber objetado este planteamiento y esta transformación.

Desafortunadamente para nosotros, los vicios del viejo régimen, la burocracia enraizada, los podridos partidos políticos existentes, los intereses económicos creados con empresarios de adentro y de afuera del país, las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional, los compromisos malévolos ya suscritos y la terrible dependencia económica con los organismos internacionales obligaron al presidente triunfador y avasallante a medir sus fuerzas con toda esa caterva de compromisos y obstáculos, que dieron por resultado, primero, la cancelación del aeropuerto internacional, tirando a la basura una inversión de alrededor de 300 mil millones de pesos y luego a implementar sobre la marcha una serie de medidas drásticas y atropelladas, con la finalidad de evitar la corrupción y dirigir el dinero directamente a los beneficiarios, sin ningún intermediario de por medio, lo cual dio por resultado injusticias en la práctica y multitud de quejas, lamentos y criticas al por mayor. 

A la par, en un país tan destruido económicamente y prostituido en sus estructuras y cimientos, lo que apremiaba -pero todo apremiaba- era el combate a la delincuencia; y lo que no se quería y se criticaba, terminó por hacerse.

Dada la dimensión descomunal del problema, los abrazos fueron suplidos por los balazos nuevamente y los militares se quedaron en las calles con el nombre de Guardia Nacional, y se les dieron poderes inusitados, control de aduanas, construcción de aeropuertos y unidades habitacionales, y prácticamente instructores de procesos penales con facultades para decidir el grado de peligrosidad de un presunto culpable… ¡terrible!

Y el otro poder, el Judicial, con sueldos y prebendas millonarias, plagado de nepotismo y de

insolencia que no quiso plegarse a los lineamientos constitucionales -oh ironía del guardián de la constitucionalidad del país- para no rebajar sus sueldos y ganar menos que el presidente.

¿Qué hacer, agachar la cabeza y aceptar humildemente la derrota?, eso nunca en la mente de un presidente victorioso con el 51% de aprobación popular en la actualidad. Los fondos millonarios del ministro Medina Mora dieron la pauta para su salida de la Corte, y las dos vacantes existentes completaron la jugada maestra, 3 de 11, pero en el entendido popular de que su presidente obsecuente “aceptó” una reforma al Poder Judicial a la medida del régimen.

Continuaré.




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