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01/12/2021 , 8:54 am

La anomia en tiempos de pandemia

Dr. Silvino Vergara Nava

«Para mis amigos paz y justicia,

para mis enemigos la ley».

Benito Juárez García

Se denomina anomia, en el ámbito de la sociología jurídica, al incumplimiento de la ley, uno de los problemas más graves que existen en América Latina, a decir de diversos autores, como es el caso del profesor argentino Carlos Santiago Nino, quien, en su obra editada en 1992, Un país al margen de la ley, dice que el incumplimiento de la ley es la causa mayor por la que los países de esta región no hayan avanzado y se mantengan en el grupo de los denominados «del tercer mundo» o «en desarrollo».

En Colombia, también se ha escrito al respecto del incumplimiento de la ley, considerándose los tiempos de finales del siglo XX y principios de éste y la violencia generalizada, en muchas de sus regiones, por el narcotráfico, la existencia de la guerrilla más antigua de América Latina, el paramilitarismo, el desplazamiento de personas y toda la violencia que se ha derramado en su territorio. Todo ello ha sido, también, materia de análisis la anomia. Ahora bien, en el caso particular, el primer incumplidor de la ley —a decir del profesor Mauricio García Villegas— es el propio Estado (Normas de papel, Bogotá, Siglo del Hombre Editores y de Justicia, 2013).

Desde luego que esto ha sido generalizado en nuestra cultura latinoamericana: incumplir la ley. En el epígrafe ya se ha mencionado la sentencia de Benito Juárez al respecto o, remontándonos más atrás en el tiempo, se recuerda el enunciado de Hernán Cortes respecto de las ordenanzas que se le dictaron desde Madrid. Él, estando en Cuba, sostuvo: «se acata, pero no se cumple». Y así, hay más ejemplos de lo que ha sucedido con la ley y, sobre todo, con su aplicación. Paradójicamente, los legisladores de nuestra región se encargan de crear y crear leyes, convirtiéndose prácticamente en operadores dentro de una «fábrica de leyes» que no se cumplen, menos aún se aplican; nadie las lee, empezando por los propios legisladores, que votan y las aprueban sin saber su contenido, más que en resúmenes «ejecutivos», donde se les muestran «las bondades» de esas leyes.

En la academia pasa algo mas insólito, se dictan cátedras al respecto del cumplimiento de la ley; escuelas, universidades, facultades de derecho se encargan de profundizar en el texto de la ley; los exámenes versan sobre la literalidad de la ley. Ahora bien, resulta que el alumno mas aplicado es aquel que reza mejor el contenido de la ley y, al final de esa experiencia, sale a la calle asumiendo que ese cúmulo impresionante de leyes se aplicaran; pero se tropieza con que, en juzgados, tribunales, despachos, oficinas, empresas, en la calle en general nadie está enterado de la existencia de la ley, de alguna obligación que por allí aparezca, de las infracciones y los delitos que se aprueba. Por ende, el primer choque con la realidad de todos aquellos estudiantes es el incumplimiento generalizado de la ley y, por lo mismo, los legisladores presurosos crean más leyes para que sean respetadas.

Con toda esta locura legislativa, ahora trasladada a lo que estamos viviendo en la actualidad con la pandemia, las autoridades de cualquier nivel de gobierno publican acuerdos generales, disposiciones administrativas de urgencia (que no son ley) y, en ellos, implementan obligaciones de confinamiento y sanciones por el incumplimiento: desde multas, arrestos y clausuras preventivas. Sin embargo, todas esas disposiciones aparecen publicadas en turnos vespertinos de los periódicos y diarios oficiales y, entonces, son incumplidas por la generalidad de personas, empezando por las autoridades, que acuden a cerrar los lugares, las tiendas, los restaurantes más vistosos y emblemáticos de las ciudades (los que se encuentran en las principales calles) para que sus jefes asuman que están cumpliendo con la ley. No obstante, para evitar el cansancio, no clausuran, solo invitan a cerrar, pues la clausura implica contar con una orden, levantar un acta circunstanciada ante testigos de asistencia, poner los sellos de clausura, y todo ello es trabajo jurídico que acaba en los tribunales. Por ello, basta con la simple invitación a esos sitios vistosos para que no pase a mayores. Además, todo ocurre en medio de interpretaciones absurdas sobre lo que se entiende por actividades esenciales en tiempos de pandemia. Motivo que obliga a los particulares a acudir a los tribunales para defenderse al respecto. Frente a lo que estas instancias, muchas veces y vergonzosamente, esquivan sus responsabilidades de recibir y tramitar esos medios de defensa. Por lo cual, abren la puerta a la corrupción y, así, nadie cumple con la ley. Lo que decía Hernán Cortes es una realidad a más de 500 años de su sentencia: «Se acata, pero no se cumple». (Correo electrónico: consultas@ccapuebla.com; web: parmenasradio.org).

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