Elección de ministros, magistrados y jueces

“El mundo lo cambian aquellos que
desde los valores y los principios aunque
 sean mil veces derrotados por los
intolerantes y los fanáticos, se levantan y
pelean dando sentido a la utopía de
la esperanza, sembrando una
semilla cuyos frutos otros recogerán”

Baltasar Garzón

En la propuesta de Reforma Constitucional particularmente, la referente a las modificaciones el Poder Judicial Federal, y con ello, a los poderes judiciales de los Estados, contamos con aquella que corresponde a la elección popular de los ministros de la Corte, los magistrados de los tribunales y los jueces de los diversos juzgados de distrito, que en la propuesta se hace mención que se efectuará en el año de 2025, es decir, una vez aprobada la Reforma Constitucional en el mes de septiembre de 2024, inmediatamente al siguiente año se llevará ese proceso de sustitución de los titulares de estos órganos jurisdiccionales, que no es lo más óptimo, ya fuera de la discusión de la elección popular, no se puede cambiar de un plumazo a tantos cargos públicos que tienen en sus manos millones de asuntos que se encuentran en disputa en estos tribunales.

La propuesta presidencial establece literalmente que: “La elección por voto popular de Ministros, Magistrados y Jueces, será a nivel nacional a partir de 30 candidaturas paritarias propuestas por los tres Poderes de la Unión: el Poder Ejecutivo propondrá hasta 10 candidaturas; el Poder Legislativo propondrá hasta 5 candidaturas por cada Cámara (Diputados y Senadores), por mayoría calificada; el Poder Judicial propondrá hasta 10 candidaturas a través del Pleno de la Suprema Corte, por mayoría de 6 votos. En el caso de los 1,633 Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, se elegirán en cada uno de los 32 circuitos judiciales en las elecciones ordinarias, a partir de 6 candidaturas paritarias por cargo (2 por cada Poder de la Unión). a) Selección de candidaturas. En 2025 se realizará una elección extraordinaria para renovar a todos los Ministros, Jueces y Magistrados del Poder Judicial. Quienes ocupen actualmente el cargo podrán participar en esta elección en igualdad de condiciones.”

Esta prisa por sustituir todos esos cargos públicos es muy complejo que suceda con esa premura que se sugiere, si esto lo consideramos en una empresa, una pequeña fabrica, en donde se sustituyan a los dirigentes, el efecto inmediato es desastroso, porque se presenta un lapso de tiempo variable, en donde se estará actuando con muchos errores, complicaciones propios de la transición, que si bien se puede dar en la producción de una mercancía, de la prestación de un servicio privado, esto no se puede permitir poner en riesgo una labor tan delicada como lo es la que corresponde a la administración de justicia, pues el efecto no es solamente con las partes de un juicio, sino que repercute en terceros, y en los niveles de violencia, de inseguridad en que nos encontramos, es muy riesgoso hacer este tipo de transiciones de esa forma.

Es bien sabido que en las grandes empresas, cuando estas se venden, se fusionan, etc., los antiguos directivos o propietarios, firman un contrato en donde se deben de quedar un determinado tiempo asistiendo a los nuevos directivos, con la finalidad de que no repercuta el cambio en la dinámica de la empresa, una vez que pasa ese periodo de transición entonces dejan en las manos de los nuevos administradores esa negociación, lo cual es una muestra de que los cambios intempestivos no son nada recomendables y causan muchos problemas operativos, pero se insiste, en el caso de la administración de justicia es aún más preocupante.

Ya se ha sostenido por algunos de los ministros actuales que, en caso de que se apruebe la reforma constitucional, con esta elección popular, debe ser lo más prudente posible, es decir que sean escalonadas las sustituciones, o se establezca alguna forma de que esto no repercuta en el día a día de la administración de justicia.

El problema de toda esta reforma constitucional, es que no se permite escuchar a los más afectados, que son los justiciables, es decir, aquel ciudadano de a pie que debe de acudir a que se le administre justicia, si observamos todo el debate está centrado en los representantes de los partidos, en algunos ministros, magistrados y jueces que están defendiendo la postura de no elegir de esta forma esos cargos públicos, pero no se hace mención alguna que permitan la participación en este debate de los justiciables, estos como siempre quedan olvidados, cuando se supone que en un Estado Constitucional Democrático de Derecho, todos esos servidores públicos se deben al ciudadano, que es el que al final, quedará a la deriva de estas disputas políticas alejadas de toda juricidad. (Web: parmenasradio.org)