Las ausencias que no prescriben

En México, todos los días hay familias que buscan a alguien que no volvió, que no llamó, que no aparece en ningún registro. Colectivos que recorren cerros y terrenos baldíos con picos y palas; los expedientes se acumulan y la espera se vuelve permanente.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México hay más de 133 mil personas que permanecen desaparecidas o no localizadas, de un total histórico de más de 387 mil reportes acumulados desde 1952. Es una cifra reconocida por el propio Estado mexicano y actualizada a finales de 2025, que evidencia una crisis que no solo persiste, sino que crece año con año.

No se trata de casos aislados, y en ese contexto, surge una propuesta que se pretende presentar en el Congreso local para castigar a quienes fingen desapariciones, lo que ha generado debate entre diputadas y diputados. Sin embargo, enfocar la discusión únicamente en ese punto, desvía la atención del problema central.

En Puebla, el Código Penal contempla el delito de falsedad en declaraciones ante autoridad. Quien miente deliberadamente sobre hechos que motivan la intervención de la autoridad puede enfrentar penas de seis meses hasta cinco años de prisión, además de multas económicas, sanción que incluso puede agravarse cuando la falsedad tiene como finalidad inculpar o exculpar indebidamente a alguien.

Reducir la conversación al tema de las denuncias falsas puede terminar minimizando la tragedia de miles de desapariciones reales y enviar mensajes que inhiban la denuncia en un país donde denunciar ya implica miedo, desconfianza y revictimización.

Además, la desaparición no es solo una crisis nacional, sino un fenómeno global. A nivel internacional, la Cruz Roja y de la Media Luna Roja han documentado más de 284 mil personas desaparecidas en casi 100 países, producto de conflictos, violencia, migración forzada y violaciones a derechos humanos. La diferencia es que, en México, la desaparición se ha normalizado sin una respuesta proporcional a su magnitud.

Por ello resulta urgente fortalecer las búsquedas, garantizar acompañamiento a las familias, mejorar la investigación, atender la crisis forense y combatir la impunidad. Porque mientras el debate se queda en los recintos legislativos, hay hogares que siguen esperando una respuesta.