Marcha por la eutanasia reabre el debate en México
Activistas exigen una ley para permitir la muerte médicamente asistida, mientras la SCJN analizará un amparo sobre el tema.
La discusión sobre la legalización de la eutanasia en México volvió a colocarse en la agenda pública tras la convocatoria de la primera movilización nacional que exige reconocer el derecho a una muerte médicamente asistida para personas con enfermedades terminales o padecimientos irreversibles.
La protesta, que se dirigirá a Palacio Nacional, es promovida por la activista Samara Alejandra Martínez Montaño, de 31 años, quien enfrenta diversas enfermedades en etapa terminal, en coordinación con las organizaciones Muerte Digna Ya y Práctica Laboratorio para la Democracia. El objetivo es impulsar el análisis de la denominada Ley Trasciende, iniciativa presentada ante el Congreso para establecer un marco legal que permita la eutanasia bajo criterios médicos y jurídicos específicos.
El debate también llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), luego de que el máximo tribunal aceptara revisar el amparo 147/2026 promovido por Silvia García Castañeda, tanatóloga de 69 años diagnosticada con cáncer de mama. La demanda busca que se analice la constitucionalidad de las disposiciones que actualmente impiden la eutanasia y la muerte médicamente asistida en la Ley General de Salud y en el Código Penal de la Ciudad de México.
Las promoventes sostienen que las personas con enfermedades incurables deben tener la posibilidad de decidir libremente sobre el final de su vida cuando enfrentan un sufrimiento permanente, al considerar que se trata de un derecho vinculado con la autonomía y la dignidad humana.
En la actualidad, la legislación mexicana prohíbe la eutanasia y clasifica estas conductas como homicidio por piedad, figura legal que contempla sanciones de hasta 12 años de prisión.
La propuesta legislativa plantea eliminar el artículo 166 Bis 21 de la Ley General de Salud e incorporar la eutanasia como un procedimiento regulado. Entre los requisitos previstos se encuentran ser mayor de edad, contar con plena capacidad para tomar decisiones, acreditar mediante dos dictámenes médicos una enfermedad terminal o crónico-degenerativa incurable, formalizar la solicitud ante un notario y ratificarla después de un periodo de reflexión de cinco días.
El proyecto también reconoce la objeción de conciencia del personal médico, aunque establece que las instituciones de salud deberán garantizar que exista otro profesional disponible para realizar el procedimiento cuando proceda.
