Necesario garantizar prisiones dignas y sin privilegios en México

9 julio, 2021 6:05 pm

Puebla, Pue.- Las cárceles en México deben asumirse como espacios públicos en donde la acción colectiva contribuye a la protección de los derechos humanos y a la igualdad de condiciones, sobre todo para que los sentenciados, aunque estén privados de su libertad, por los delitos cometidos, y preservar su dignidad, pidió el jurista de la Universidad Iberoamericana Miguel Sarre Iguíniz.

A través de un título de ejecución penal, tanto los jueces penales como las autoridades de los centros penitenciarios reciben la encomienda de hacer cumplir una resolución judicial privativa de la libertad. La prisión preventiva y las sentencias constituyen los mandatos mediante los cuales se puede disponer que una persona ingrese en una cárcel.

Para nadie es desconocido las condiciones que se vive en prisiones; además de la sobrepoblación, la cadena de corrupción que permite a los reos con dinero a que vivan su encierro con beneficios mientras que otros viven con injusticias.

El objetivo de la prisión preventiva es cumplir con el aseguramiento de la persona imputada durante la resolución de su caso, mientras que el de la sentencia se relaciona con la prevención de la reincidencia en el delito y las acciones vengativas. En ambos casos, las condiciones del internamiento son causa de debates por sus múltiples vulneraciones a los derechos humanos.

El abogado Miguel Sarre Iguíniz , señaló  que en el décimo aniversario de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y el balance general, es que aún hay múltiples violaciones.

Una de las cuentas pendientes recae en la creación de prisiones dignas, las cuales deben entenderse como espacios públicos.

A diferencia de las plazas populares, los reclusorios no han sido reconocidos como lugares que pertenecen a la ciudadanía y donde sus voces pueden ser escuchadas. Es así que, en el escenario penal, los ombúdsmanes cumplen con labores de observación, pero no de incidencia.

Al igual que los organismos autónomos, las asociaciones civiles pueden exigir legitimaciones procesales para contar con la facultad jurídica necesaria para denunciar las impunidades e injusticias al interior de los centros penitenciarios. “Hacer justicia en reclusión significa darle a cada quién lo suyo y quitarle lo que no es suyo a quienes tienen privilegios”, aseguró Sarre.

El arraigo con ciertos beneficios prevalece como una práctica que preocupa a un sector de los juristas. No obstante, los recursos para suprimir los privilegios carcelarios pueden incurrir en violaciones a los derechos humanos, particularmente en cuestiones de seguridad y hacinamiento. Para salir de la controversia, es necesario denunciar las condiciones inapropiadas en las que viven todos los reclusos. 

Para terminar con la penosa situación de las cárceles mexicanas, una de las alternativas consiste en la construcción de más penales para contrarrestar el hacinamiento y sus efectos (más del 40% de los penales en México están sobrepoblados). Al respecto, y a sabiendas de la polémica que genera la cultura punitiva, Miguel Sarre argumentó que “el deseo de que no haya más prisiones no debe constituir un pretexto para que se sigan violando los derechos humanos de quienes hoy están en prisión”.

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