Estado

Penas de hasta 15 años por relaciones forzadas de menores, Susana Riestra

Pilar Bravo   FECHA:  4 noviembre, 2026

La diputada Susana Riestra Piña propuso establecer penas de hasta 15 años de prisión contra los adultos que obliguen a niñas, niños y adolescentes a vivir en pareja por conveniencia familiar.

La legisladora presentó la iniciativa ante el Congreso de Puebla. Su propuesta busca homologar la legislación estatal para castigar a quienes fomenten, permitan u obliguen a menores de edad a formar este tipo de uniones.

Más de 200 mil adolescentes vivirían en uniones forzadas

Riestra Piña señaló que, a nivel nacional, existen más de 200 mil adolescentes de entre 10 y 14 años que viven en esta situación. Según explicó, sus padres o familiares los obligan a convivir como si estuvieran casados.

En algunos casos, las familias entregan a los menores a cambio de dinero u otros bienes. La diputada indicó que esta práctica afecta principalmente a niñas, quienes deben convivir con varones que también son menores de edad.

Además, mencionó que más de ocho mil niñas de entre 10 y 15 años han sufrido embarazos forzados. Consideró que esta situación representa un grave atentado contra la infancia y la dignidad de las personas.

Por ello, propuso modificar el Código Penal de Puebla. El objetivo es imponer hasta 15 años de prisión a quienes permitan o fuercen estas uniones.

Puebla busca identificar casos de uniones forzadas

Aunque Puebla todavía no cuenta con cifras sobre matrimonios o uniones forzadas de menores, diputadas y representantes de la Secretaría de las Mujeres solicitaron a la Fiscalía realizar un sondeo.

Con esta medida buscan conocer la dimensión del problema en la entidad. De acuerdo con lo expuesto, estos casos suelen presentarse con mayor frecuencia en comunidades rurales alejadas de las cabeceras municipales.

Finalmente, la legisladora advirtió que los usos y costumbres no deben justificar estas prácticas. Señaló que ninguna familia debe entregar a niñas a cambio de ganado, terrenos u otros bienes.

Subrayó que este tipo de intercambios constituye una vulneración de los derechos de las menores y no debe permitirse en la actualidad.





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