¿Qué busca Daniel Ortega con el cerrojo a opositores en Nicaragua?
San José, Costa Rica.- La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que veta la participación electoral de la oposición y extiende el mandato presidencial. La medida impulsada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) busca blindar la sucesión familiar de Daniel Ortega y su esposa y copresidenta, Rosario Murillo, asegurando la instalación de un sistema de partido único.
Cierre electoral a opositores y veto a “traidores”
El Parlamento, bajo el control directo del régimen sandinista, prohibió la inscripción de candidatos catalogados como “traidores a la patria”. La enmienda castiga también a personas vinculadas a supuestos intentos de golpe de Estado o que soliciten sanciones e intervenciones extranjeras.
Paralelamente, las nuevas disposiciones amplían las competencias del organismo electoral para suspender partidos y sancionar candidatos antes de los comicios.
La modificación extiende el período de los cargos de elección popular y de las jefaturas militares. De este modo, los actuales mandatos se prolongan, postergando el calendario electoral.
Si la enmienda obtiene su ratificación final en la segunda legislatura prevista para enero de 2027, Ortega y Murillo mantendrán el poder tras los comicios de 2028 y proyectarán su administración hasta 2036.
Leer también: Nicaragua: Ortega extienda su mandato a 7 años y veta a la oposición
Ortega, de 80 años y con un estado de salud debilitado, busca reducir los riesgos políticos en el proceso de relevo presidencial. Tras las protestas de 2018 y la desarticulación de la oposición mediante cárcel, exilio y despojo de nacionalidad, la pareja presidencial asegura el control institucional para posicionar a sus hijos en puestos clave del Estado.
Analistas de inteligencia política coinciden en que el régimen busca eliminar cualquier margen de duda respecto al futuro del poder. La cancelación de la competencia electoral neutraliza los escenarios de inestabilidad interna frente a un eventual cambio generacional.
Ante la aprobación del texto, Estados Unidos pidió a sus aliados internacionales cortar lazos diplomáticos y comerciales con Nicaragua. Washington impulsa medidas multilaterales mediante la Organización de Estados Americanos (OEA), sumándose a la condena emitida por la Unión Europea.
La extensión del mandato presidencial le otorga margen al régimen para afrontar la presión externa y postergar probables negociaciones sobre garantías democráticas en el país.
