Turismo de montaña al alza en Puebla: Multas y permisos de agencias
¿Sabías que las agencias de viajes que te llevan al Pico de Orizaba o al Popocatépetl deben tener un registro? Conoce este dato y cómo sancionan a montañistas en otros países.
Puebla, Pue. — Los ascensos de excursionistas a zonas restringidas del volcán Popocatépetl y las denuncias de cobros ilegales contra montañistas en el Pico de Orizaba reabren el debate sobre las sanciones, la vigilancia de los accesos y los permisos que deben cumplir las empresas dedicadas al turismo de aventura.
Aunque Puebla ya contempla sanciones económicas por determinadas infracciones de protección civil, surgen preguntas: ¿Las agencias de viaje deben contar con permisos especiales para acceder a las montañas? y ¿Cómo se comparan las sanciones en México con las de otros países?
¿Cuánto puede costar desobedecer una medida de Protección Civil en Puebla?
La Ley del Sistema Estatal de Protección Civil establece, en sus artículos 136 y 140, sanciones para quienes incumplan determinadas disposiciones de seguridad.
En el supuesto previsto por el artículo 136, fracción VII, relativo a omitir medidas de seguridad impuestas por las autoridades competentes, la sanción económica del artículo 140 comprende de 500 a 1,500 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Con la UMA diaria vigente en 2026, de 117.31 pesos, esto equivale a multas de 58 mil 655 a 175 mil 965 pesos.

Sin embargo, el ingreso al Popocatépetl no implica automáticamente que se configure esa infracción. Para imponer una sanción deben acreditarse los elementos legales, la competencia de la autoridad y el incumplimiento de una medida jurídicamente exigible.
Además, el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) mantiene la advertencia de no acercarse al cráter del volcán, con un radio de exclusión de 12 kilómetros, debido al peligro de explosiones y expulsión de fragmentos volcánicos.
¿Cómo se castiga el ingreso a zonas restringidas en otros países?
Las legislaciones internacionales ofrecen distintos mecanismos para controlar el acceso a espacios naturales peligrosos.
Nueva Zelanda: su normativa de parques nacionales contempla una sanción de 800 dólares neozelandeses para quienes entren sin autorización a un área especialmente protegida, con una multa judicial que puede alcanzar los 1,600 dólares neozelandeses.
Canadá: las autoridades de Parks Canada advierten que incumplir órdenes de cierre de áreas de parques nacionales puede derivar en sanciones de hasta 25 mil dólares canadienses, como ocurre con determinadas restricciones del Parque Nacional Jasper.
Costa Rica: en el Parque Nacional Volcán Poás se aplican restricciones de acceso a sectores peligrosos y mecanismos de control de visitantes. Las autoridades pueden intervenir para retirar a personas de áreas no autorizadas, aunque no existe una multa monetaria uniforme verificada para todos los ingresos indebidos.
Las diferencias impiden establecer que un país sanciona más severamente que otro sin considerar la conducta específica, el tipo de procedimiento y las atribuciones de cada autoridad.

¿Qué permisos debe tener una agencia para organizar excursiones en Puebla?
En México, las empresas de viajes y turismo de aventura deben cumplir diferentes obligaciones dependiendo de las actividades que ofrecen.
Una de las principales es la inscripción en el Registro Nacional de Turismo (RNT) de la Secretaría de Turismo, cuando pertenecen a las categorías de prestadores cuya inscripción es obligatoria. Sin embargo, este registro no sustituye los permisos ambientales.
Para organizar actividades turístico-recreativas comerciales dentro de áreas naturales protegidas federales, como los parques nacionales Pico de Orizaba e Iztaccíhuatl-Popocatépetl, los prestadores deben contar con la autorización correspondiente de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP).
Durante 2026, la CONANP simplificó sus trámites mediante la homoclave CNANP-00-014, que reúne distintas modalidades de autorización para actividades turísticas en áreas naturales protegidas.
La nueva disposición contempla autorizaciones de hasta tres años. Cuando el servicio involucra vehículos o unidades de transporte dentro del área protegida, se exigen documentos adicionales, entre ellos los relativos al vehículo y una póliza de seguro para viajeros y tripulantes.
También deben cumplirse los requisitos aplicables a los guías especializados, particularmente los establecidos por la NOM-09-TUR-2002, así como las obligaciones de seguridad para actividades de turismo de aventura.

Ninguno de estos documentos autoriza a una empresa a llevar turistas a un área expresamente restringida por riesgo volcánico.
Antes de contratar, los visitantes pueden consultar el registro público de prestadores turísticos, pedir el folio de inscripción de la empresa y solicitar la autorización correspondiente para operar dentro del parque nacional.
¿Cuántas agencias turísticas están registradas en Puebla?
La Secretaría de Turismo cuenta con una plataforma pública que permite buscar prestadores inscritos en el RNT por nombre comercial, entidad federativa, tipo de establecimiento o folio.
¿Hace falta reformar la legislación poblana?
Antes de considerar un incremento de multas, especialistas y legisladores tendrían que analizar la aplicación efectiva de las sanciones existentes, la coordinación entre autoridades estatales y federales y las obligaciones de quienes comercializan excursiones.
Entre los asuntos pendientes destacan conocer cuántos excursionistas han sido sancionados por ingresar a zonas volcánicas restringidas, cuántas agencias de turismo de montaña operan con permisos verificables y cuántas denuncias por extorsión han sido judicializadas.
La discusión plantea dos necesidades diferentes: proteger a las personas que practican montañismo de forma legal y prevenir que otras ingresen a zonas donde la actividad volcánica representa un peligro para su vida y la de los cuerpos de rescate.
El desafío no consiste únicamente en determinar cuánto debe pagar quien incumple una restricción, sino en garantizar que las prohibiciones se cumplan, las empresas operen legalmente y las rutas de acceso permanezcan seguras.
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