Posibles consecuencias para Samuel García por “retomar” gubernatura de NL
Redacción Tribuna
Sobre la decisión de Samuel García de “reasumir” la gubernatura por Nuevo León, expertos en el tema, abogados penalistas y constitucionalistas han comentado sobre el caso vía redes sociales.
Gabriel Regino, abogado penalista, coincidió con la interpretación del Congreso de que la licencia se encuentra vigente hasta el 2 de junio de 2024, por lo que Samuel García está impedido para realizar actos de gobierno.
Además de la pena de cárcel a la que podría enfrentarse por de ejercicio ilícito del servicio público, consideró que si utiliza la fuerza pública para impedir las acciones del gobernador interino Luis Enrique Orozco, el funcionamiento del Congreso o separar a servidores de su cargo, cometería el delito de rebelión, castigado de 2 a 14 años de prisión.
Servidores públicos que actúen actividades por instrucciones de Samuel García incurren en responsabilidades administrativas y penales, aseguró el abogado constitucional Francisco Burgoa.
“Samuel García es gobernador constitucional con licencia, es un ciudadano sin cargo público; no es servidor público en estos momentos. El único que tiene la autoridad para dar indicaciones es el gobernador interino, Luis Orozco”, advirtió.
También, Burgoa, hizo un llamado a los ciudadanos de Nuevo León a que documenten todo tipo de actividad hecha por García, así como a que presenten las denuncias correspondientes en la Fiscalía estatal por el delito de usurpación de funciones públicas.
“En el artículo 255 del Código Penal para el Estado de Nuevo León, que señala que: «comete el delito de usurpación de funciones públicas o de profesión, y uso indebido de condecoraciones o uniformes», el que «sin ser servidor público, se atribuya ese carácter y ejerza algunas de las funciones de tal».
La penalidad es la prisión por un mes o tres años y una multa de una a diez cuotas de la Unidad de Medida y Actualización vigente, es decir, de 103.74 a 1,037 pesos.
Además, por violar la suspensión concedida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avaló que Luis Enrique Orozco asumiera la gubernatura interina, puede ser separado definitivamente del cargo y consignado ante un juez de distrito, como dictan los precedentes del máximo tribunal.
“Si los servidores públicos de Nuevo León no quieren tener problemas administrativos y jurídicos deberían ignorar a Samuel García, hasta en tanto el Congreso o el Poder Judicial de la Federación no diga lo contrario”, advirtió el jurista.
