Aprueban diputados nueva Ley de Presupuesto y Gasto Público

Los diputados de la LXII Legislatura aprobaron el proyecto de dictamen de la Ley de Presupuesto y Gasto Público Responsable del Estado de Puebla, y dieron luz verde para autorizar a los 212 ayuntamientos y cinco consejos municipales a contratar financiamientos con instituciones del Sistema Financiero Mexicano, siempre que liquiden los créditos antes de que termine su ejercicio.

Durante la sesión ordinaria se avaló la iniciativa del gobernador Alejandro Armenta, cuyo objetivo es normar y regular la programación presupuestal, asignación, ejercicio, control, seguimiento, monitoreo y evaluación del gasto público estatal, así como los mecanismos de coordinación para el registro de información en estas materias.

La propuesta actualiza la regulación en racionalidad y eficiencia de los recursos. También incorpora la figura de declaración especial de ausencia, en la cual se determina que la Secretaría de Finanzas establecerá en la Ley de Egresos el monto hasta el cual el Gobierno del Estado podrá responder para cubrir indemnizaciones ordenadas por la autoridad judicial, evitando así endeudamientos o inversiones de riesgo.

Ayuntamientos pueden pedir prestado

Los ayuntamientos que necesiten recursos para obras o atender necesidades urgentes podrán recurrir al crédito bancario, pues se aprobó el dictamen que reforma el cuarto párrafo del artículo segundo para autorizar a los 217 municipios del Estado de Puebla a gestionar y contratar financiamientos durante la administración 2024-2027, con instituciones que ofrezcan las mejores condiciones de mercado. Como fuente de pago se permitirá usar un porcentaje del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.

Asimismo, los diputados avalaron que los administradores municipales tomen como fuente de pago un porcentaje del Fondo General de Participaciones y/o del Fondo de Fomento Municipal, y que puedan celebrar o adherirse a mecanismos de pago o garantía de los financiamientos.

En todos los casos, los municipios deberán liquidar los créditos en un plazo máximo de 937 días naturales a partir de la fecha de firma del contrato o del primer uso de los recursos, sin exceder el periodo constitucional de la administración que los contrate, es decir, a más tardar el 14 de octubre de 2027.