Nacional

Blindan necropsia de ‘El Mencho’: ‘riesgo para la seguridad nacional’

14 abril, 2026 7:44 pm
Redacción

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó clasificar como reservados los resultados de la necropsia practicada a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido el 22 de febrero durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco.

La decisión se tomó tras concluir que la difusión del documento representa “un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional”.

FGR argumenta que revelar la necropsia afectaría investigaciones en curso

De acuerdo con la FGR, hacer público el contenido del examen forense podría exponer líneas de investigación, comprometer pruebas reunidas por el Ministerio Público y afectar la eficacia de las diligencias relacionadas con el caso. La institución señaló que cualquier filtración podría facilitar la evasión de la justicia por parte de personas investigadas y vulnerar derechos de víctimas y testigos.

La fiscalía advirtió además que los servidores públicos que divulguen información reservada incurren en un delito contra la administración de justicia, al quebrantar la confidencialidad de expedientes en trámite.

Especial

La muerte de El Mencho y el contexto del operativo

Oseguera Cervantes fue abatido el 22 de febrero durante un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional en cabañas de Tapalpa, Jalisco. Tras su muerte, el cuerpo fue trasladado a la Ciudad de México, donde se le practicó la necropsia que confirmó su identidad antes de ser entregado a sus familiares.

La caída del líder del CJNG generó reacomodos y episodios de violencia en distintas regiones del país, lo que incrementó la sensibilidad del caso y reforzó la postura de la FGR sobre la necesidad de mantener la información bajo reserva.

Reserva busca proteger la investigación y la seguridad nacional

La FGR sostuvo que la clasificación de la necropsia responde a la necesidad de preservar la integridad de la indagatoria, proteger a las personas involucradas y garantizar que la institución pueda continuar con la persecución de delitos de alto impacto sin comprometer su capacidad operativa.





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