Testimonios estremecen el juicio masivo contra la MS‑13 en el Cecot
AFP
Tecoluca, El Salvador.- Unos 220 miembros de la Mara Salvatrucha (MS‑13) escucharon este jueves el estremecedor testimonio de un exintegrante de la pandilla durante el cuarto día del juicio masivo que se desarrolla en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel de máxima seguridad construida por el gobierno de Nayib Bukele.
En total, 486 acusados enfrentan cargos por más de 29.000 asesinatos, incluidos los 87 homicidios de marzo de 2022 que detonaron la “guerra contra las pandillas”.
Testimonios sobre torturas y asesinatos
El testigo protegido relató ante el tribunal cómo la estructura criminal ordenaba torturas y ejecuciones bajo la figura conocida internamente como “apertura de válvulas”, un mecanismo mediante el cual la cúpula autorizaba asesinatos selectivos.
Los pandilleros, vestidos con uniforme blanco y esposados, escucharon en silencio descripciones de torturas cometidas por órdenes de los jefes históricos.
La cúpula de la MS‑13 entre los procesados
Entre los acusados se encuentran 22 líderes históricos, conocidos como la Ranfla Nacional, a quienes la Fiscalía atribuye más de 9.000 crímenes.
Figuran nombres como Borromeo Henríquez (“Diablito de Hollywood”) y Carlos Tiberio Ramírez (“Snaider de Pasadena”), señalados de dirigir la pandilla como un “corporativo criminal” entre 2012 y 2022.
Un juicio sin precedentes en la región
Este proceso es considerado el primer juicio masivo contra la estructura de mando de una pandilla en El Salvador.
La Fiscalía sostiene que los 486 acusados participaron en 47.000 delitos cometidos en una década, incluidos homicidios, extorsión, desapariciones y control territorial.
El presidente Nayib Bukele ha comparado este juicio con los Procesos de Núremberg, argumentando que aplica el principio de “responsabilidad de mando” para juzgar a quienes ordenaron los crímenes.
Críticas y contexto del régimen de excepción
Organizaciones de derechos humanos advierten que los juicios masivos podrían involucrar a personas inocentes y denuncian arrestos arbitrarios, torturas y muertes en prisión bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, que ha permitido más de 91.000 detenciones sin orden judicial.
