Harvard en el ojo del huracán; habría otro caso de discriminación
La prestigiosa Universidad de Harvard se encuentra nuevamente en el centro de la polémica nacional tras el anuncio de una nueva investigación federal.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos abrió un expediente para determinar si la institución académica incurrió en prácticas de discriminación por nacionalidad en sus programas de ayuda económica.
De acuerdo con la División de Derechos Civiles de la dependencia federal, el foco de la indagatoria son los fondos y donaciones extranjeras —especialmente aquellos procedentes de fuentes en China, que superan los 630 millones de dólares— utilizados para financiar becas y apoyos financieros.
Los motivos de la indagatoria
Las autoridades gubernamentales detectaron que dichas restricciones de financiamiento extranjero exigen destinar recursos económicos con preferencia a estudiantes de orígenes específicos, lo cual podría contravenir el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964.
”Harvard parece estar aceptando estos fondos y, en cumplimiento de sus restricciones, otorgando ayuda financiera a estudiantes extranjeros basándose en su origen nacional, en detrimento potencial de alumnos de otras nacionalidades, incluidos los ciudadanos estadounidenses”, señaló el Departamento de Justicia a través de un comunicado oficial.
Este nuevo señalamiento se suma a la intensa presión que enfrenta la institución educativa por parte del gobierno federal. Apenas en los meses previos, la universidad debió responder ante los tribunales por una demanda interpuesta por el mismo Departamento de Justicia debido a la retención de documentos sobre procesos de admisión, así como por cuestionamientos vinculados a la gestión de denuncias por acoso en el campus.
Por su parte, los representantes legales y portavoces de Harvard han rechazado las acusaciones, defendiendo el cumplimiento estricto de las normativas de igualdad de oportunidades y asegurando que la universidad opera bajo los marcos legales vigentes en la asignación de recursos y becas.
Hasta el momento, la División de Derechos Civiles aclaró que la investigación se encuentra en una fase preliminar y no se han emitido resoluciones definitivas de culpabilidad, aunque el caso incrementa la tensión sobre las políticas financieras y de admisión de la universidad más antigua del país.
