Roberto Reyes
Voluntad, capacidad humana, deseo e intención de materializar, he ahí el problema que nos atañe como sociedad, la decisión de actuar por cuanto hace a la autoridad depende de diversos factores que orbitan la osadía, en primer lugar, cosa que no nos es ajena es la intención política, circunstancia altamente cambiante y que depende única y exclusivamente de el ánimo, la intención y la anuencia de quienes ocupen la silla en turno y por otro lado el imperio de la ley, no se puede hacer a un lado el hecho de que nuestro estado se concibe y constituye como una República, forma de gobierno en donde la ley es cuenca y mazo del poder, dicta su ritmo y paso, la norma jurídica marca y delimita el proceder y el ejercer.
México como Estado democrático y representativo, se maneja por la clase política, quienes desembocan y llevan el timonear guiados por la estrella más brillante de su partido o conveniencia política, en otras palabras, son guiados por la ruta del rédito, el beneficio, la conveniencia y la opinión del capitán al mando y sus decisiones se ven influenciadas más que por la marea, la ruta y el tiempo, por el botín y el control de este navío que lleva por nombre México.
Ahora bien, sin embargo, no podemos hacer a un lado que los servidores públicos y la autoridad en nuestra nación, en estricto sentido, ejercen sus potestades conforme lo que la ley los faculta, es decir, pueden proceder de acuerdo con lo que la legislación les permite y he aquí el dilema que nos atañe, el proceder encuentra pretexto y límite en la norma en sí.
Ha dejado de sorprendernos la noticia, la violencia es solo un encabezado más que pareciera machote copiado y pegado una y otra vez en los titulares, los muertos se han convertido única y exclusivamente en parte de la estadística y todos estamos hartos de ello, sin embargo, si bien comencé hablando de la voluntad ahora trataré de hacerlo desde un ángulo más técnico, lo que nos conduce a la premisa de la legitimación y los límites en el uso de la fuerza pública cuyo rigor lógico concluye en la norma misma, en la antes mencionada “Ley”.
A grandes rasgos, se entiende por uso de la fuerza a la inhibición de funciones corporales que lleva cabo una persona autorizada por el Estado sobre otra, para lo que debe seguir los procedimientos y protocolos que establecen las normas jurídicas aplicables, resulta de importancia destacar que todo Estado, tiene la atribución de utilizar la fuerza para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad de las personas y de los Derechos Humanos de quienes se encuentran en su territorio, lo que debe realizarse en situaciones que amenacen la integridad de los ciudadanos, su libertad, derechos, bienes y posesiones pero sobre todo para mantener el orden público dentro de nuestra sociedad democrática, sin embargo, existen limitaciones que por razones de interés general, son establecidas a ministerio de ley y que restringen el actuar por parte de la autoridad, esto, conforme a los propósitos que cada Estado le encuentre motivo.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su numeral 21, establece las bases de las actuaciones de los elementos de las instituciones de seguridad pública en nuestro país y por tanto configura como la primera piedra que construye el marco legal que rige el uso de la fuerza pública.
Tenor a lo antes expuesto en sintonía con la legislación secundaria, regula las funciones, derechos, obligaciones pero también las prohibiciones para los integrantes de nuestras instituciones de seguridad, lo que en suma a otras múltiples cuestiones deberían brindar certeza jurídica y transparencia a la ciudadanía en relación al ejercicio de la fuerza en el ejercicio de las funciones de la autoridad motivo del empleo, cargo o comisión que desempeñen, por lo que no solo faculta a hacer cumplir la voluntad de ley, también los obliga a cumplirla.
Toda autoridad se encuentra a servicio de la comunidad y en el caso de aquellas encargadas de la seguridad pública, estas deben protegernos contra actos ilegales, sin embargo, la necesidad de la ley de ser puntual y estricta para el uso de la fuerza, en ocasiones es un estorbo para poder actuar, ya que para ello, la autoridad debe acreditar cuestiones tales como; Absoluta necesidad, legalidad, prevención, proporcionalidad, rendición de cuentas y vigilancia y por supuesto seguir una serie de protocolos y procedimientos, todo esto, es una de las grandes quejas de las fuerzas del orden al momento de operar, pero deben recordar que todo ello se ha ganado a lo largo de los años por virtud de los abusos, excesos y arbitrariedades a las que nuestras policías estaban acostumbradas, dichas practicas solo lograron que pagaran justos por pecadores y que los Derechos Humanos se postraran como la máxima barrera entre la realización de sus funciones, ¡claro!, ¿Qué esperaban?, si a lo largo de los años el despotismo parecía ser un requisito para pertenecer a cualquier corporación, ahora, ¿Qué nos queda?, ¿En donde estamos parados?, la respuesta es obvia, es más fácil para los mandos y los políticos hacerse a un lado y hacer como si nada pasara, pretenden esconder el polvo debajo del tapete de sus ya repetitivos discursos y han dejado al país en una serie de marchas que para ellos solo son desfiles de un día en especifico o un evento en particular lo que nos lleva al argumento final, estamos a merced de la voluntad política.
Ahora que entendemos, si bien de forma vaga y superficial el tema que se expone en los reglones de la presente columna, nos queda concluir, ambas proposiciones, tanto el querer de la autoridad como el marco legal nos lleva a inferir por silogismo, que, ambas circunstancias combinadas, configuran en escenario y terreno ideal para la confabulación del crimen en nuestra sociedad y es la sociedad y su colectividad quienes sufrimos las consecuencias de la falta de coraje y valor moral de quienes nos gobiernan, cuestión indignante, habiendo los elementos para acabar de tajo el problema, ya que tiene en sus manos herramientas tácticas y dogmáticas para solucionarlo de raíz ya que son ellos mismos quienes hablan desde los curules y son sus plumas las que escriben las palabras que terminan en la norma que a la voz del voto dicen, va o no va, pero también son las autoridades quienes cuentan con los equipos, los vehículos, el personal y el armamento pero les tiembla la mano en lo que a la luz pública y la opinión popular pueden estar expuestos, el interés de unos cuantos se paga con la sangre y sufrimiento de los mexicanos.
Quisiera por último aclarar, que en lo personal, se de grandes personas y de dignas voces que visten de uniforme, grandes acciones incluso orgullo y patriotismo hacen sentir, pero también grandes quejas de no poder hacer su trabajo y cumplir a cabalidad la consigna encomendada, México se compone de personas valientes, capaces y trabajadoras, la falla del Estado no radica en la población, radica en el gobierno mismo, la norma si bien no es perfecta y pareciese utópico llegar a un punto medio en donde justicia y actuar encaminen a la seguridad que tanto anhelamos, lo cierto es que no podemos dejar de soñar y sobre todo de actuar desde nuestras trincheras que si bien la política tiene culpa debemos recordar que política somos todos y si estamos buscando culpables empecemos llamándolos por nuestro nombre.
Juzgar es fácil, pero este mundo es de quien materializa las cosas, así que el derecho a opinar se gana trabajando.
