Silviano Vergara
“En el cabaret de la globalización,
el Estado realiza un striptease y al final
de la función sólo le queda lo mínimo:
el poder de la represión.”
Zygmunt Bauman
En esta segunda semana de agosto de 2024, que ha finalizado, resulta que se aprobó en Comisión de la Cámara de Diputados la reforma constitucional referente a la prisión preventiva oficiosa para los delitos de defraudación fiscal, contrabando y operaciones inexistentes, este último que se le denomina como: “venta de facturas”, lo cual ha generado preocupación por la iniciativa privada, pero no porque se cometen esas actividades constantemente por los contribuyentes, sino porque el problema es de quienes pueden caen en esos delitos de forma ocasional o fortuita y, esto se debe a que desafortunadamente, el sistema tributario esta lleno de problemas de interpretación, de excepciones, de normas reformadas constantemente que cualquiera pudiera ser sujeto procesado en la comisión de esos delitos fiscales.
Así, el problema no es que se reforme la Constitución para que se implementen esos delitos de prisión preventiva oficiosa, que significa que en tanto se encuentra el proceso penal en curso, la persona esta privada de su libertad, sino que debido a que se cuenta con un sistema tributario que no funciona, totalmente discrecional, des-proporcional, in-equitativo y arbitrarioy como consecuencia de todo ello bastante, pero bastante corrupto, hace que cualquier persona pueda caer en prisión.
El interés de la gran mayoría de las reformas constitucionales que se están planteando por el ejecutivo y que en voz de “ahorita” se pretenden aprobar, giran alrededor de razones económicas y nojurídicas, basta con observar la reforma al Poder Judicial que es sencillamente para bajar sueldos de jueces, magistrados, ministros y el resto del personal de ese Poder Judicial. Por su parte, abreviar los juicios penales y fiscales sigue la misma suerte, es decir, es para que se terminen pronto y no generen más gastos al Estado y, en el caso de implementar los delitos fiscales que ameriten la prisión preventiva oficiosa, es con el afán de recaudar, por ello es que no tiene esa reforma, ni pies ni cabeza jurídica.
En primer lugar, no tiene coherencia jurídica alguna, porque ya la propia Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha sostenido que la prisión preventiva oficiosa es contraria a los derechos humanos, a grado de que México cuenta consentencias en contra (Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs. México, sentencia del 7 de noviembre de 2022, y recientemente por el Caso García Rodríguez y otros vs. México, sentencia del 25 de enero de 2023) y que, debe de cumplir al respecto, y poco se ha realizado para dar cumplimiento a esa sentencia, por ende, el incrementar delitos que requieren de la prisión preventiva oficiosa, es como retar a los organismos internacionales que velan por los derechos humanos.
En segundo lugar, el incorporar a los delitos fiscales que resulten de prisión preventiva oficiosa no resultará para recaudar, sino para eficientar el sistema corruptoque existe en muchas de las instancias tributarias, pues en tanto el sistema brinde tantas y tantas facultades discrecionales a las autoridades fiscales, lo único que ocasiona es que la corrupción sea más cara por las repercusiones que representa caer en esos procesos penales.
Y, como remate de esta reforma constitucional, va a permitir que a los enemigos políticos muy fácilmente se les pueda procesar penalmente y con ello inocuizarlos de cualquier proceso electoral.
La preocupación de los organismos y cámaras empresariales, es evidente con esta reforma, el problema es que no hay oposición para todas estas modificaciones, y de paso, el Poder Judicial está más preocupado en las reformas que a estos les atañen que en resolver en su momento sobre esta situación, por lo cual, no se ve en el futuro alguna claridad para los negocios, que desde luego, no son los grandes negocios y empresas de las que estamos mencionando, sino de los pequeños y medianos contribuyentes, esos son los que sobreviven de milagro, por que nunca han recibido ayuda del gobierno, menos en tiempos de covid, los que no murieron, han sobrevivido por merito propio, pasando tempestades financieras que han sabido capotear, pero que con todas esas modificaciones no se ve un buen inicio de la administración pública federal para las empresas, sobre todo las mexicanas, porque las extranjeras, en primer término, sus propietarios no viven en México, y en cualquier momento salen del país, como ha estado sucediendo y que se sabe a voces.
Esa esperanza que se tenía del famoso fenómeno económico global denominado: “nearshoring”, para que empresas norteamericanas dejaran el continente asiático y se instalaran en territorio nacional, con estas medidas lo único que se hace es estarlas ahuyentando, lo cual es más que evidente. Así, las voces de las cámaras y organismos empresariales no será otra más que: “¿se van o se quedan?”. (Web: parmenasradio.org)
