Cierran en Florida ‘Alligator Alcatraz’, el centro de migrantes de Trump
MIAMI, Florida. – El polémico centro de detención de inmigrantes conocido como “Alligator Alcatraz”, símbolo de la campaña de deportaciones masivas del presidente estadounidense Donald Trump, cerró sus puertas tras menos de un año de funcionamiento, según anunció este jueves el gobernador de Florida, Ron DeSantis.
DeSantis, quien visitó las remotas instalaciones ubicadas en los Everglades junto a Tom Homan, responsable de la política fronteriza de la Casa Blanca, declaró que el centro ya no alberga detenidos y que ha cumplido la función de emergencia para la cual fue construido.
“Alligator Alcatraz cumplió la función para la que fue diseñado; permitió expulsar de Estados Unidos a muchísimas personas peligrosas“, afirmó el gobernador.
El origen del polémico “Alcatraz de los Caimanes”
Construido por las autoridades de Florida sobre una pista de aterrizaje en desuso en medio de los humedales, el centro comenzó a operar en julio de 2025 para respaldar el plan de expulsiones de la Administración Trump. Las autoridades confirmaron que los últimos reclusos ya fueron deportados o trasladados a otras instalaciones, y se ha ordenado a los contratistas el desmantelamiento total del complejo.
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El apodo del centro, también llamado “Alcatraz de los Caimanes”, nació de su aislamiento geográfico y de una controvertida broma del propio Donald Trump, quien sugirió que los caimanes del pantano funcionarían como guardias de seguridad. Aunque inicialmente fue considerado por Trump y DeSantis como un modelo para otros estados, su gestión estuvo rodeada de intensos conflictos desde su apertura.
Violaciones de derechos, daño ambiental y costes millonarios
Durante su corto periodo de operación, el centro acumuló severas denuncias de abogados, familiares y organizaciones de derechos humanos, quienes criticaron las pésimas condiciones de reclusión y la violación de las garantías procesales de los migrantes.
A la crisis humanitaria se sumaron las protestas de defensores del medio ambiente y de la tribu local Miccosukee, quienes se opusieron al proyecto desde el inicio, alegando que las obras dañaron el frágil ecosistema de los Everglades y pusieron en riesgo a especies protegidas.
Finalmente, el factor económico aceleró las críticas: se estima que el coste de construcción y mantenimiento del penal superó los 1,000 millones de dólares, convirtiéndose en un punto de alta fricción política antes de su clausura definitiva.
